SI LAS LEYES fueran como la merluza, podrían congelarse. Si como los malos estudiantes, suspenderse. Si, en fin, como las imágenes de video, paralizarse. Pero las leyes son algo diferente a merluzas y demás, pese a que Marta Cid, consejera de Educación de la Generalitat, lo desconozca. Y es que las leyes, una vez vigentes, no pueden congelarse, paralizarse o suspenderse. ¿Por qué? Pues porque las leyes, que expresan la voluntad del parlamento, conservan su vigor mientras no han sido derogadas o cambiadas. ¡Dios nos libre si sucediera de otro modo! Sería sencillamente el acabose: si los gobiernos autonómicos pudiesen inaplicar las leyes según su voluntad, desaparecería la seguridad jurídica sin la cual ningún Estado de derecho puede subsistir. No lo han creído así los responsables (los irresponsables, si ha de decirse la verdad) de la Generalitat de Cataluña que, con su decisión de paralizar (congelar o suspender) la ley de calidad de la enseñanza, han elevado el disparate a categoría de gobierno. Según ha declarado la susodicha Marta Cid, la ley no se aplicará porque el PSOE piensa cambiarla en el futuro, y porque, además (cágate lorito) «la ley ha sido aprobada pese a la oposición de la comunidad educativa». «¡Ahí le ha dao !», como decía el inefable Pepe Isbert en Bienvenido Míster Marshall : visto que la ley será previsiblemente derogada, la Generalitat se adelanta por su cuenta a no aplicarla en lo que concretamente no le gusta, pues el Gobierno de Pasqual Maragall ha aclarado que hará efectivos algunos de los mandatos de la ley. Puestos ya en el puro disparate, nadie parece haber pensado qué pasaría si Rodríguez Zapatero incumpliera su promesa, o si por cualquiera de las mil causas que pueden influir en sus planes de futuro la ley de calidad no llegará a alterarse o derogarse. Pero es el segundo argumento del gobierno catalán el que no tiene desperdicio: la ley se paraliza porque fue aprobada sin contar con la comunidad educativa. Ello es triste, sin duda -y políticamente criticable-, pero resulta jurídicamente irrelevante. Las leyes lo son cuando se aprueban con arreglo a derecho por las Cortes Generales. ¿O es que alguien piensa todavía que vivimos bajo un régimen fascista de corte corporativo, y no en un Estado democrático? «Somos demócratas, y por serlo, tenemos una regla segura: la ley [...] Se gobierna con la ley, con el parlamento, y una democracia se disciplina mediante la ley, que el gobierno aplica bajo su responsabilidad. No se puede gobernar una democracia de otra manera». No, no se puede, como bien decía Manuel Azaña en 1932, aunque muchas décadas después algunos demócratas no hayan aprendido aun esa lección elemental.