SIEMPRE he dicho que el Plan Ibarretxe está destinado a convertirse en papel reciclado para uso escolar. La razón de tan cruel destino no es otra que la de carecer de los consensos previos y del carácter plural que debe tener todo proyecto de reforma, y no contar, en consecuencia, con los votos que necesita para prosperar. No los tiene en Vitoria, donde PP, PSE-PSOE y HB se han desmarcado de la iniciativa, y no los tiene en Madrid, donde, en el improbable supuesto de que lo apoyen PNV, EE, ERC, CiU, y BNG, difícilemente superaría los 30 votos. Por eso carecía de sentido poner sitio a una iniciativa que llevaba su caducidad en los genes, y por eso se hace evidente que la maniobra del lehendakari estaba más orientada a romper el cerco radical del PP que a provocar un cataclismo político en España. Lo que era tan dramático hace seis meses pasó a segundo plano con la aparición de Carod-Rovira. Aquellos señores malísimos que eran Atutxa y Arzalluz, ya no le quitan el sueño a nadie. Y buena parte de las iniciativas judiciales emprendidas contra los nacionalistas por jueces complacientes, abochornan hoy a cualquier analista, y ponen un punto de duda sobre la independencia y objetividad de la Justicia. Por experiencia personal e histórica no puedo evitar el encontrarme entre los que creen que si hubiese ganado el PP el Tribunal Constitucional hubiese admitido a trámite el alucinante recurso que impulsó Michavila contra una iniciativa no tramitada por el Parlamento Vasco. Y todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en las consecuencias que pudo tener una iniciativa que estaba destinada a controlar a los parlamentos y a todo el proceso político, mediante iniciativas que algunos abogados del Estado, algunos catedráticos y muchos jueces y fiscales avalan sin el menor rubor. Por eso me alegro mucho de que los mismos acontecimientos que están poniendo en solfa tantos abusos cometidos en nombre del patriotismo y de la lucha contra el terror, hayan propiciado el clima de normalidad en el que el Tribunal Constitucional decidió no interferir la tramitación de un Plan que, carente de respaldo político y preñado de elementos de dudosísima constitucionalidad, sólo debe fenecer cuando lo digan los representantes del pueblo, o cuando llegue el turno posterior de los conflictos de constitucionalidad. Atrás queda un error político que le dio al Plan Ibarretxe su primera victoria pírrica, y que hizo regresar a las primeras páginas un tema que ya casi no interesa a nadie. Porque es obvio que la política y el diálogo son antídotos más eficaces que mil recursos urdidos por Michavila. Por suerte para nosotros, y para toda la democracia.