QUIZÁ algunos de ustedes lo recuerden todavía. Alfonso Guerra anunció, cuando era vicepresidente del Gobierno, que había muerto Montesquieu. El tal Montesquieu no era, por supuesto, un pariente lejano del ocurrente líder socialista, sino un filósofo francés de mediados del siglo XVIII que adquirió celebridad por haber teorizado de forma concluyente un principio esencial del Estado de derecho: el de la separación de los poderes. La muerte de Montesquieu, cantada por el vicepresidente, no hacía por ello referencia, a su deceso -pues hasta ahí llegaba, sin duda alguna, la formación de Alfonso Guerra- sino a la supuesta defunción de la teoría según la cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberían mantenerse separados para conservar la libertad. El entonces vicesecretario del PSOE contradecía así a uno de los padres del estado de derecho, para sostener, con admirable desparpajo, la fuerza incontenible de la legitimidad parlamentaria. En honor a la verdad, ha de decirse que el gran error de Alfonso Guerra, entonces en el cénit de su fama y su poder, era el mismo que muchos habían cometido antes que él y que muchos otros cometerán, por desgracia, en el futuro: pensar que la mayoría, además de dar la mayoría, otorga también la posesión de la verdad. Es suficiente con echar la vista a nuestro pasado más reciente para captar los muchos riesgos que se derivan para el Estado democrático de un disparate tan peligroso como simple. Un disparate que, sin ir más lejos, acaba de llevar a la directora general de RTVE a sostener algo que ella misma hubiera considerado inaceptable hace tan sólo un par de meses, antes de ser nombrada para el cargo que ahora ocupa ¿O es que se hubiera atrevido doña Carmen Caffarel a decirle a sus alumnos de Ciencias de la Información de la Universidad Juan Carlos I de Madrid que «en un medio de titularidad pública la influencia política, si es que existe, está, en última instancia legitimada por las urnas»? Sinceramente no lo creo. Aunque no conozco a la señora Caffarel, no puede creerme que una profesora universitaria competente no sepa lo que sabemos millones de personas que no hemos estudiado periodismo: que los medios de comunicación social dependientes del Estado tienen la obligación constitucional de respetar el pluralismo político y social por el hecho elemental de que están pagados con los impuestos de todos los contribuyentes. De todos: es decir, de los que con sus votos han contribuido a formar la mayoría; y de los que han apoyado, con los suyos, a las diversas minorías. La curiosa teoría que, fruto muy probablemente de la obnubilación transitoria que produce en personas sin duda bondadosas el ejercicio del poder, sostiene ahora mi colega tendría coherencia únicamente si, celebradas las elecciones generales, sólo tuvieran obligación de tributar los que han votado al partido que gobierna. Lo que, a todas luces, no sucede.