LOS VIEJOS socialistas como Pablo Iglesias o Indalecio Prieto y los regeneracionistas como Joaquín Costa y su Liga de Contribuyentes de Ribagorza se han revuelto en sus tumbas ante la demostración de insolidaridad que ha supuesto la supresión por decreto ley del trasvase del Ebro que contemplaba el vigente Plan Hidrológico Nacional (PHN), defendida esta semana en el Parlamento por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. De un plumazo, la solidaridad y vertebración de España que aquellos practicaron se la han ventilado sus sucesores con la firma de su correligionaria, la misma que hace nueve años defendió con entusiasmo otro PHN que contemplaba conectar todas las cuencas hidrográficas peninsulares para llevar agua de donde sobra a donde falta y paliar así el eterno problema de la España seca. Pascual Maragall, su subsidiario en Aragón Marcelino Iglesias y los arrendadores de la silla del primero en la Generalitat catalana, ERC, hicieron del PHN aprobado en una legislatura del PP el banderín de enganche para recolectar votos fáciles y ahora han pasado su factura a un Gobierno que pregona la solidaridad, pero que ha cometido con esta decisión una gran insolidaridad: decidir que el agua que sobra y se vierte al mar no vaya a quien la necesita y enfrentar peligrosamente a unas comunidades con otras, lanzándolas al ruedo ibérico de la discordia y las convulsiones sociales, sin valorar las consecuencias que esto ha tenido en otros tiempos. La presunta alternativa del PHN causa estupor: 20 desaladoras que hay que reponer cada 20 años, expulsando CO2 a la atmósfera y acelerando con ello el vertiginoso cambio climático que estamos viviendo a causa de los gases de efecto invernadero, amén de seguir incumpliendo Kioto. Llenar las costas mediterráneas de adefesios industriales de notable impacto ambiental, corriendo el riesgo de modificar la salinidad de la franja costera con ingentes vertidos de salmuera para quitar la sal a un agua que previamente era dulce y que se cogía de la desembocadura del Ebro, en Tortosa (Tarragona), es una solución propia del TBO. Se trasvasaba y almacenaba el sobrante, solo el sobrante y cuando hubiera sobrante y se llevaba por tubería, con sus correspondientes sifones, hasta el consumidor final, fuese este agricultor o industrial. Con los criterios del actual Gobierno, el trasvase Tajo-Segura no se hubiera hecho y las consecuencias para quienes se benefician de esta colosal infraestructura hubieran sido desastrosas. Zaragoza aspira con razón y méritos propios a organizar la Exposición Universal del 2008 y con ella aprovechar su transformación, impulsar su desarrollo y conseguir que la ciudad vuelva a verse en el Ebro, después de siglos de vivir de espaldas al río. Supongo que a la quinta ciudad de España no le gustará que tan magno reto se haga con la oposición de valencianos, murcianos y almerienses, en respuesta a las masivas manifestaciones contra el trasvase que se organizaron en Zaragoza con el falaz argumento de que quitaba agua a Aragón. La solidaridad se pide, pero también se da.