ADEMÁS DE autovías y trenes de alta velocidad, Gobierno y autoridades de Galicia siguen obsesionados en pedir, pedir y pedir al presidente Zapatero. Le piden 21 millones de euros para ampliar regadíos, 70 millones para cese de actividades agrarias y 10 millones para realizar compensaciones en zonas desfavorecidas. Le piden dinero para financiar la Ciudad de la Cultura y para construir más museos y archivos. También le piden que pida a la Unión Europea más cuota láctea y menos restricciones para el sector naval. Y le piden que aumente la financiación autonómica y los instrumentos de solidaridad. Le piden también más competencias, más dinero para financiar los hospitales de Lugo y Vigo y más recursos para construir centros de menores. Y mayor capacidad normativa en materias diferentes. Y también infraestructuras para las ciudades, más dinero para los ayuntamientos y financiación para todas las «pistas» prometidas por el «Plan Galicia» en sus infinitos y geográficamente dispersos carteles. Y más recursos para el transporte escolar y para la educación infantil. Y ayudas para atender a los mayores, a los discapacitados y a las personas con riesgo de exclusión. Y así hasta 12.459 millones de euros (2 billones de pesetas). Como los vecinos, puestos en fila, del entrañable Villar del Río de Berlanga. Como si fuéramos autistas o estuviéramos solos. La respuesta de Zapatero no se hizo esperar: recibirán ustedes todo lo que piden y además dos huevos duros. Porque esta es la política que entendemos, aplicamos, justificamos y merecemos. Una política sesgada hacia el victimismo, el subsidio, la deuda histórica y la irresponsabilidad. Una política triste, decepcionante, impropia del siglo XXI. ¿Qué gestos mínimos debería exhibir la Comunidad Autónoma y los municipios para llenar de credibilidad y solvencia sus reivindicaciones del Plan Galicia ante los contribuyentes españoles? Tres cuestiones parecen esenciales. Una, rendir cuentas y explicar el destino que tuvieron los fondos europeos en los últimos catorce años (más de un billón de pesetas); dos, los municipios gallegos deben explicar por qué gestionan presupuestos enanos (expresados en euros per cápita) que apenas superan la mitad del que tienen municipios españoles de población similar; tres, los políticos gallegos están obligados a saber y explicar que nuestro bienestar social descansa en una notable redistribución de rentas, canalizada a través del sector público, de cuantía anual estimada entre 6% y 9% del PIB, circunstancia que invalida cualquier frívola apelación a las deudas históricas. ¿Realmente no merecemos los gallegos una razón política más sólida, digna y responsable? ¿Qué país estamos construyendo?