AL DÍA
25 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.NO ME REFIERO a esa inteligencia de la que Juan Ramón Jiménez pedía «el nombre exacto de las cosas», sino a la que tiene que lidiar con el terrorismo internacional -o con el autóctono-, especialmente en términos de prevención. En Washington, la Comisión parlamentaria que ha investigado los atentados del 11-S, concluía estos días que es necesaria una reforma de los servicios pertinentes desde su misma raíz, vista la naturaleza estructural de los fallos en que incurrieron. Las conclusiones se han alcanzando desde la asepsia y neutralidad derivadas del apartidismo. Como instrumento de seguridad nacional y colectiva, esos servicios, que estaban pensados para otros desafíos, deben adecuarse a los desafíos nuevos, emanados del terrorismo. En paralelo, otra Comisión parlamentaria se aplicaba a los atentados del 11-M. Sus conclusiones habrán de ser muy otras, por la distinta naturaleza y diferente condición parlamentaria: el partidismo consustancial, como circunstancia, habrá de traer desenlaces bien distintos de los estadounidenses. Primará lo político, pues políticas son las instrumentaciones que a la Comisión se aplican. No es el interés primordial aquel que concierne a la seguridad nacional y colectiva de los españoles, sino el que afecta a las responsabilidades que se contrajeron políticamente con ocasión del 11-M. La seguridad política se sobrepone, como problema, a la seguridad colectiva y nacional. Las diferencias entre las dos Comisiones resultan palmarias, como lo son también las que existen entre los daños causados en cada atentado: habría que añadir aquí una perturbación política que allí no se produjo. Y ante la hipótesis que allí se pudiera producir, se ha dado entrada al debate sobre qué es la normalidad democrática frente al terrorismo, si apartar las urnas de las bombas o mantener las urnas en sus fechas pese a las bombas. Esta otra crisis corresponde a la inteligencia política.