LOS INGRESOS municipales publicados en el Informe Económico Financiero de las Administraciones Territoriales (ejercicio 2002), elaborado por la Dirección General de Política Autonómica y por la Dirección General para la Administración Local, son de nuevo demoledores para Galicia. Así, los municipios gallegos menores de 5.000 habitantes (61% del total) muestran un presupuesto medio (expresado en euros per cápita) que es el 46% del que contabilizan los municipios españoles de población similar. En municipios menores de 20.000 habitantes (94% del total) esa cifra es el 52%, mientras en municipios del tramo 20.001-50.000 habitantes es el 59%. O sea, que los municipios gallegos con población inferior a 50.000 habitantes (98% del total) siguen contabilizando recursos presupuestarios por habitante que apenas superan la mitad de los ingresos que gestionan los municipios españoles de similar población, ocupando además la cola cuando se consideran las comunidades autónomas. Y ello al margen de la renta disponible. Porque al comparar los municipios de Galicia con los municipios de comunidades de inferior renta, los resultados son los que siguen. Extremadura tiene una renta disponible por habitante que equivale al 75% de la renta media española, pero los ingresos per cápita de los municipios con menos de 50.000 habitantes oscilan entre 67 y 74 por cien de esa media. Esos porcentajes son en Andalucía 80% de renta disponible y entre 84 y 101 por cien de ingresos municipales. En Murcia la renta disponible es 85%, mientras los ingresos municipales oscilan entre 84 y 93 por cien. En Galicia la renta disponible es 86% y los ingresos municipales se mueven entre 46 y 59 por cien. Pero los ayuntamientos ya casi se financian con tributos y subvenciones. Ambos conceptos explican hoy más del 90% del presupuesto. Los tributos propios los soportan las personas que se benefician de los servicios. Las subvenciones las pagan, por razones diversas, los que de nada se benefician, circunstancia que exige extremar la cautela, la transparencia y el rigor distributivo. Por eso la financiación municipal está reñida con la picaresca, la opacidad, la subordinación, la clientela, el agravio comparativo y la falta de responsabilidad fiscal. Por eso decimos que el municipalismo gallego está enfermo. Pero los alcaldes callan y los partidos políticos también. La Fegamp no sabe ni contesta y todos los silencios tienen elevado coste social. Porque la institución agoniza humillada, deteriorada, atrapada por la subvención, el trato desigual y la resignación política. Ignorando sus responsabilidades tributarias y también otras responsabilidades. Cada vez más pequeña y distante. Hasta que revienten los que pagan la factura.