EN LAS ÚLTIMAS décadas, la mayoría de las administraciones, sean central, autonómica, provincial o local, han regado España de carteles anunciando obras de mucha o poca monta. A mayor envergadura y presupuesto, mayor y mejor cartel. Los hay incluso en colores y con fotografía virtual. Son un lujo. Conozco a políticos que han hecho millonarios a los exclusivistas de esos paneles que anuncian en tecnicolor las bondades de unos trabajos, siempre debidos, faltaría más, a la preocupación del gobernante tal o cual, o a los colores de este o aquel partido, y nunca a la responsabilidad y normal funcionamiento de la Administración con el administrado. En la mayoría de los casos las labores se han ejecutado en plazos superiores a los que el letrerito de marras dice, razón por la que en las últimas versiones sólo figura la cuantía de la obra (la deben de poner para que alguno piense lo generosos que son los políticos con nuestro dinero) y no el plazo de ejecución de la misma. Con este sistema se ha pasado del oscurantismo de épocas pasadas a la información al contribuyente y de paso a la propaganda del falso benefactor. Sin embargo, el exceso de información ha generado desinformación en el ciudadano, en muchos casos verdaderos atentados al paisaje y casi siempre desidia, porque acabadas las tareas los rótulos continúan donde los pusieron, proclamando el rápido desinterés de quien los colocó por algo que ya ha dado sus frutos. A pesar de la subida del precio de la chatarra por culpa de la demanda china, ningún avispado chatarrero se ocupa de derribar esos carteles y trapichear con su valor. A lo que se ve, no es negocio y esta debe ser la causa de que permanezcan erguidos año tras año, cada vez más pintarrajeados y oxidados, abofeteando el paisaje y denunciando la dejadez de sus responsables. Quizás habría que incluir en el pliego de condiciones la retirada de los carteles una vez finalizados los trabajos, bajo la penalización de excluir a esa empresa de la licitación pública, o mejor impedir que el político se pueda presentar a nuevas elecciones si los anuncios continúan en su sitio después de lo que motivó su colocación, o crear una empresa estatal de recogida de carteles, que tendría la ventaja de incrementar los puestos de trabajo y reforzar con ello el número de funcionarios, algo de lo que, como todo el mundo sabe, España es deficitaria. Claro está que lo más sencillo sería pedir sensibilidad a nuestros políticos para que no nos afeen más el paisaje y, cuando no haya más remedio, que lo restituyan a su origen en el menor tiempo posible. Pero esto, me temo, es pedir demasiado y provocar para que a uno le llamen iluso. Iluso por tener una ilusión.