NO ES POSIBLE entender la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) si no es en clave política y de compromiso con los pactos del PSOE en Aragón y Cataluña, porque la alternativa de sustituirlo por desaladoras no es viable en términos económicos, ambientales y técnicos. La propuesta de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuesta más, contamina más y no soluciona la carencia de agua de unas tierras del sureste español que cuentan con menos de 1.000 metros cúbicos por habitante y año, cifra por debajo de la cual la ONU considera que son zonas llamadas al subdesarrollo y a la catástrofe ecológica. La decisión es, simple y llanamente, la más insolidaria adoptada en España en los últimos años al peligroso grito de «a los del sur, ni agua». El trabajo de muchos años de técnicos y científicos, plasmado primero en un Libro Blanco del Agua , luego en planes para todas y cada una de las cuencas hidrográficas de España y posteriormente en un abrumador consenso social y un apoyo científico en el seno del Consejo Nacional del Agua, se ha roto de un plumazo y sustituido por un croquis coloreado que señala el posible emplazamiento de varias macrodesaladoras de agua de mar por ósmosis inversa en la costa mediterránea, sin ningún estudio previo ni debate científico. Dejando de lado los incrementos de la salinidad en la plataforma marina y las consecuencias de la salmuera para la flora y la fauna, el funcionamiento de tales artefactos requerirá, a juicio del profesor titular de Hidrología Melchor Senent Alonso, un incremento de energía de 2.400 gigawatios/hora, lo que producirá un aumento del CO2 vertido a la atmósfera y contribuirá a incrementar el efecto invernadero con 2,4 millones de toneladas de CO2 si se utilizan centrales de carbón y una tercera parte si se utilizan centrales de ciclo combinado. El Gobierno argumenta que el consumo energético de la infraestructura del trasvase es superior al de las desaladoras, ocultando que en los cálculos que hace en contra del trasvase sólo tienen en cuenta la energía que se consume para transportar el agua desde la desembocadura del Ebro, pero no la que se recupera en las centrales hidroeléctricas que se montan en el recorrido, algo que no ocurre con las desaladoras. También en este sentido Narbona debería tomar nota del Canal de la Paz que construyen Jordania e Israel a lo largo de 320 kilómetros de frontera entre ambos países para llevar agua del mar Rojo al mar Muerto. En sus 400 metros de desnivel entre uno y otro extremo las aguas generarán energía eléctrica para desalinizar agua del mar Rojo y destinarla a consumo humano e industrial y regar cultivos en ambos países. ¿Cómo es posible entonces tanta estulticia entre nosotros, máxime en quien tiene que velar por el medio ambiente en España y pertenece a un partido que a lo largo de su centenaria historia ha hecho de la solidaridad su bandera?