EN EL ÚLTIMO de sus artículos sobre RTVE publicado en un diario de Madrid, el profesor José Barea se ha manifestado partidario de cerrar la televisión estatal y dedicar los 800 millones de euros anuales que pierde «a proporcionar albergues a los pobres, que no tienen un lugar donde dormir». Cansado de predicar en el desierto sobre este asunto y constatar el deterioro anual del ente público, el profesor Barea adopta esta postura después de acusar a RTVE de ineficiente y de despilfarrar los recursos que le dan los ciudadanos para financiar sus actividades. A juicio del catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, la comisión de sabios nombrada por el Gobierno para que emita un informe sobre los medios públicos estatales de comunicación (RTVE y la agencia Efe) debe adelantar sus conclusiones al próximo mes de septiembre para que su parte económica se pueda incorporar a los Presupuestos Generales del Estado para el 2005. Si no se hace así y en virtud de la comunicación del comisario de la competencia de la Comisión Europea, RTVE es un órgano de la Administración central del Estado con personalidad jurídica propia de carácter administrativo y presupuesto independiente del Estado, cuyas operaciones deben ser consolidadas con las de este último. Dicho en román paladino, la deuda es deuda del Estado y su déficit es déficit del Estado y, por tanto, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2005 deberá establecerse que si bien RTVE continuará siendo Ente Público, su naturaleza será de carácter administrativo y no empresarial, como lo ha sido hasta ahora, por lo cual el déficit deberá financiarse por transferencia corriente del Estado y ser éste el que emita la deuda necesaria para llevar a cabo tal financiación. Por esta y otras razones que tienen que ver con el deterioro de la audiencia, las últimas decisiones de su directora general y las presiones y comentarios que sufren los cinco miembros de la comisión de expertos, alguno de sus integrantes es partidario de entregar el informe en septiembre. Y tiene razones poderosas. Cinco meses para elaborar un documento vinculante para el Ejecutivo sobre el régimen jurídico, el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal, como reza su mandato, son más que suficientes para este trabajo, máxime cuando los modelos que imperan en Europa son sota, caballo y rey. Alargarlo más con supuestos estudios comparados de lo que hay en otros países europeos es marear la perdiz innecesariamente, aunque, quizás, haya otras intenciones.