HAY CUESTIONES de Estado que, por su importancia y su permanencia, rebasan las variaciones que produce la alternancia en el gobierno. O así debe ocurrir. A los ejemplos más característicos y tradicionales, por desgracia ha de sumarse la lucha contra el terrorismo y su prevención. Por eso, aunque existan discrepancias, incluso fuertes, entre Gobierno y oposición, se procura lograr un pacto, más o menos formal, que permita una unidad de acción. A ello conduce, también la naturaleza de nuestro Estado autonómico, cuando un tema interno adquiere determinadas dimensiones y resulta difícil de manejar satisfactoriamente desde cada comunidad. Las condiciones en que se hicieron determinados traspasos de servicios y funciones de la Administración del Estado -como sucedió en sanidad o educación-, incrementadas por el ejercicio autonómico, aconsejan acudir a esa vía. Las relaciones internacionales constituyen una muestra clara de esas cuestiones de Estado. La Constitución presta fundamento al referirse al Rey como Jefe del Estado que «asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales». Se trata de un mundo complejo, con arrastres de la historia, en el que se requiere una gran pericia y una mayor prudencia. Los cambios bruscos y el intercambio de parejas acarrean consecuencias, sobre las que es preciso reflexionar a tiempo. Generan desconcierto en los aliados y desconfianza en los mercados. Y España es dependiente en lo energético. Por mucho que discreparan Franco y Fidel Castro, España no secundó el bloqueo de Cuba por los EE.?UU. A través no sólo de gobiernos, sino incluso de regímenes diferentes, la política sobre el Sahara tuvo siempre en cuenta a los saharauis. Ahora mismo, en plena campaña electoral americana, en la que la posguerra en Irak se ofrece como el punto débil de Bush, el candidato demócrata mantiene una calculada indeterminación acerca del momento en que las tropas se retiren de allí. El descanso del verano debería ser propicio para que las cuestiones de Estado se vean en su auténtica perspectiva, sin supeditarlas al rendimiento electoral. Algo de esto ha existido en algunas decisiones que se han adoptado y en otras que se han anunciado. El criticado giro en la política exterior de Aznar ha sido compensado con otro de signo contrario. De no mediar el condicionamiento electoral, la prudencia habría aconsejado menos brusquedad. Junto a cuestiones de Estado, que no deben dividir, hay otras que son de conciencia. Afectan a la concepción y al sentido último de la vida y del mundo. Deberían ser tratadas por el legislador de la misma manera que aquéllas. Es laudable que se quiera disponer de un consenso más amplio que una mayoría simplemente aritmética para el pacto antiterrorista o para la reforma de la Constitución, aunque en este caso venga precisada porque los apoyos habituales del Gobierno son problemáticos. El status actual relativo al matrimonio o al aborto quizá no satisfaga a todo el mundo por razones incluso opuestas. Por qué alterarlo, en contra del espíritu constituyente, elemento de interpretación que no deberá forzarse. El Derecho permite soluciones a las cuestiones nuevas, sin generar una mutación constitucional. Pero no subvertir las categorías jurídicas, desnaturalizándolas o confundiéndolas. Qué apremio existe para crear una división entre los ciudadanos, con propuestas que convulsionan la antropología, además de herir sentimientos éticos y religiosos. El rendimiento electoral no lo justifica todo. No debe aparecer como un ídolo insaciable que reclama el sacrificio de valores fundamentales de la sociedad y de su convivencia pacífica. La sonrisa del buen talante se convertiría en mueca si encubriese la imposición y estimulase, o no impidiese, la confrontación.