AL INICIO del año 2002, transferida la Sanidad a todas las comunidades autónomas, el Gobierno español proclamaba eufórico el cierre del proceso autonómico. Y añadía después con entusiasmo de neófito resabiado: la nueva financiación del sistema -derivada de una reforma previa y vigente desde ese mismo año- nace con vocación de estabilidad política y larga vida, por lo que quedan suprimidas las revisiones quinquenales. Han pasado sólo dos años. El proceso autonómico está hoy más abierto que nunca, las reivindicaciones territoriales son incesantes y variopintas, abunda la confusión, la Sanidad está hecha unos zorros, otras cosas también, es encomiable el ímpetu racial que impregna la competición autonómica para exigir más de todo al Estado. ¿Cómo explicar la situación? A nuestro juicio, son varias las razones que facilitan su comprensión. En primer lugar, está la ruptura explosiva de una idea autoritaria, rígida, insoportable, que el Gobierno imponía a la política territorial. En segundo lugar; por la ausencia de diálogo y de instituciones estables para la propuesta, la negociación y el acuerdo político (Senado, Conferencia de Presidentes, etc.), pese a verificar que el Estado descentralizado decae con la relación bilateral. En tercer lugar, porque el agravio comparativo y la discriminación que generan los sistemas vigentes (foral y de régimen común) invitan siempre al equilibrio. En cuarto lugar, porque hay deslealtad y cinismo ante los graves problemas de la Sanidad. En quinto lugar, porque abundan los temores y las incertidumbres asociadas al futuro de los fondos europeos. Finalmente, porque la construcción de mayorías para gobernar exige acuerdos, renuncias, peajes y a veces espectáculo. La estabilidad (relativa) de la financiación autonómica necesita, pues, corregir buena parte de estos problemas, asumiendo también que la revisión periódica es factor sustantivo de eficacia institucional. Los principios teóricos del federalismo fiscal (suficiencia, autonomía, solidaridad, coordinación, transparencia, etc) volverán así al discurso político, ocultando otra vez intereses, ineficiencias, pactos y relaciones de poder. O sea, que debemos madurar. Y en este contexto la Xunta de Galicia adopta una postura singular, al insistir que las finanzas autonómicas están sobradas de solvencia financiera y de equilibrios presupuestarios. Aunque la realidad y sus cuentas digan lo contrario. Porque la deuda sanitaria es demoledora y porque la administración general también cierra los ejercicios con déficit relevantes. Lo dice el sentido común: cuando revientan los costurones no convienen estrategias de avestruz; hay que negociar la financiación con rigor, capacidad e inteligencia.