CONTRA LA OPINIÓN de todo el sector profesional; es decir, contra el criterio claro y sin fisuras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles y Camiones (Aniacam), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (Aniacam), la Federación de Asociaciones de Concesionarios (Faconauto), la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (Fecavem), la Asociación de Automovilistas Europeos (Aae), la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes (Sernauto) y el Real Automóvil Club de España (Race), y el silencio político de Real Automóvil Club de Cataluña (Racc), el otro gran club de usuarios del automóvil, el Gobierno se dispone a plegarse a las exigencias políticas de sus sostenedores parlamentarios catalanes, los independentistas de ERC y los federalistas de ICeV y PSC, e introducir en las matrículas el distintivo de la comunidad autónoma entre las letras y los números. Según el soliviantado colectivo industrial, la introducción del distintivo autonómico convertirá en casi mercados cerrados a cada una de las 17 autonomías, provocará el descenso del precio de los vehículos de segunda mano, que en España supone la nada despreciable cifra de dos millones de turismos al año (más que los nuevos), que creció un 22,7% cuando en septiembre de 2000 se suprimió el distintivo provincial; dificultará la venta fuera del País Vasco, Cataluña y Madrid de los vehículos matriculados en estas comunidades, y la posibilidad de que en los dos primeros territorios algunos energúmenos practiquen el gamberrismo contra los coches de Madrid y en ésta contra los de aquéllas, algo que con las matrículas actuales es imposible porque no se puede distinguir su procedencia. Con esta infausta manía de reabrir viejos conflictos cerrados y rectificar, anular o suprimir lo aprobado por el Gobierno del PP, el Ejecutivo actual vuelve a llevar la contraria a José María Aznar, que tras decidir que las matrículas llevasen sólo el distintivo estatal, zanjó el asunto diciendo, bien es verdad que con la soberbia que le caracterizó en su última etapa, que «yo no voy a participar en debates sobre las chapas de los coches, porque los debates políticos también tienen que tener su nivel, y este tema no lo tiene». A la vuelta de cuatro años, estas chapas pueden tornarse lanzas por una perra de los independentistas que es una pura contradicción, porque su imposición supone supeditar las siglas autonómicas, en tamaño y colocación, a la del Estado que dicen odiar y al que no quieren pertenecer. Haría bien el Gobierno en no modificar lo que la ciudadanía ha aceptado con naturalidad y, en todo caso, en hacer la norma voluntaria y no obligatoria. Así todos contentos y un problema menos, porque sarna con gusto no pica.