EL PROBLEMA aparece situado entre probadas responsabilidades dolosas y presumidas responsabilidades culposas. La catástrofe del Yak-42 en el enclave turco de Trebisonda, con el más negro balance para nuestras Fuerzas Armadas en más de medio siglo, ha sido rentabilizado ad nauseam por el partido gobernante, igual que lo fue la catástrofe del Prestige , cuando estaba en la oposición. En ninguno de ambos episodios es discernible otro asunto que el de supuesta responsabilidad culposa por hipotética mala gestión de ambos riesgos. Y el desenlace del problema, tras de llevar tanto el cántaro a la fuente, no ha podido ser otro, en el último pleno del Congreso, que el de la colisión entre ambos escenarios de responsabilidades políticas. Un choque, asimismo, entre las habilidades superiores de un partido en los procesos de opinión pública y las vulnerabilidades de ese mismo partido en el procedimiento judicial penal. Así estalló en el hemiciclo la referencia al GAL y a su proceso, donde se probaron las responsabilidades dolosas, con delitos contra la vida y contra el dinero público. Al final, no pudo ser de otra manera: colisión parlamentaria en la órbita de las responsabilidades. La última inducción para el choque dirimente debió haber sido la trivialización por el ministro Bono de la cantidad que decidió la opción por el Yak-42, sólo seis mil euros. Una insignificancia comparada con las sumas de dinero público que se fueron a las cuentas privadas de quienes gestionaron los crímenes del GAL. Más allá de las habilidades de unos y de las torpezas de otros en los medios de difusión, las diferencias entre las responsabilidades respectivamente contraídas. Y entre los dos partidos, también, las distancias en el debido respeto reverencial al dinero público. Por lo demás, una compartida falta de gallardía personal y política -de Bono y de Trillo- ante la responsabilidad contraída, por escrúpulo profesional, de los mandos militares.