TAN INSOSTENIBLE es que, después de lo conocido del Yak-42, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, continúe siendo diputado, como que, conocidos los primeros pasos del juez Garzón en el sumario del grupo radical islamista Mártires por Marruecos, Mercedes Gallizo continúe al frente de la Dirección General de Prisiones. Porque si por acción o por omisión y, desde luego, por elevación, Trillo es el primer y último responsable de lo ocurrido con el Yak-42, Mercedes Gallizo es, por omisión o por torpeza y, desde luego, por elevación, la responsable de que el más grave atentado que puede cometerse contra la Justicia estuviera siendo preparado en las cárceles españolas, y sólo haya sido evitado por la meticulosidad del juez Garzón. Pero es que, además, Mercedes Gallizo, en una reciente comparecencia en el Senado acusó poco menos que de xenófobos a quienes cuestionaban la política penitenciaria que se aplica a los internos islamistas. Al parecer, para la señora Gallizo ni el 11-S en Nueva York y las relaciones de sus autores con España; ni el 11-M en Madrid y la pertenencia de sus autores al islamismo radical, aconsejaban una estricta política de dispersión de los presos islamistas encarcelados en nuestro país. Quiero decir que en algún momento hay que tomar los hábitos democráticos y asumir con la dimisión irrevocable los errores, las torpezas y mucho más las mentiras, sin esperar a que los ciudadanos pasen la factura en un proceso electoral o a que, si las hubiere, se sustancien las responsabilidades judiciales sean éstas por hechos dolosos o culposos. Ni se pueden asumir políticamente sólo los hechos susceptibles de ser juzgados por unos tribunales, ni se puede negar responsabilidad política porque unos determinados hechos no tengan reproche penal. Mercedes Gallizo, con abundante trayectoria en defensa de los presos antes de llegar a Instituciones Penitenciarias, se habrá dado cuenta de que la dispersión de terroristas y el famoso FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) no es un capricho de carceleros sin escrúpulos -como algunos calificarían a los políticos que deciden la implantación de esos sistemas- sino que son instrumentos para evitar, por ejemplo, que desde las cárceles nos preparen la voladura de la Audiencia Nacional con sus jueces dentro.