LA PROPUESTA de grandes infraestructuras presentada por empresarios al Ministro de Economía reproduce una fotografía inquietante para Galicia. Autopistas, autovías, líneas de ferrocarril, obras hidráulicas previstas para la franja mediterránea, ahondarían todavía más la brecha con el noroeste peninsular en que nos encontramos. Las inversiones manejadas son de una magnitud congruente con su horizonte temporal, entre el 2005 y el 2012. La colaboración privada se plantea desde criterios de rentabilidad, de acuerdo con el estudio previo de viabilidad a que obliga la legislación, en la onda de la Unión Europea. La dura realidad que revela la decisión empresarial es que, para ellos, Galicia dista de ser interesante para ese tipo de inversiones. Una cruel paradoja, por nuestra carencia, que acrecienta la necesidad de acortar las distancias con otras partes del territorio que parten ya con ventaja para el futuro. La aportación privada es importante a unas obras que, no obstante, son de interés público. La Administración del Estado no puede desentenderse de ellas y, de hecho, su presencia beneficia el proyecto, proporcionando confianza a las inversiones para las necesarias operaciones financieras y, a su vez, realiza aportaciones directas de diferentes maneras. Pero el Estado dejaría de cumplir su misión -dejaría de serlo para convertirse en una sociedad mercantil- si se limitara a secundar iniciativas privadas. La Constitución recuerda solemnemente que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Trabajar por ello constituye la obligación de quienes tienen la alta responsabilidad de gobernar. El anuncio de los proyectos de la CEOE incide en la situación de incertidumbre en que se encuentra el Plan Galicia, en sus objetivos y en sus plazos. Hasta tres veces se refirió a ello el editor de este diario en una alocución valiente y emocionada. Sea cual fuere su origen es un compromiso del Estado, que trae su causa de mucho antes del Prestige . Y no es todo lo que se necesita para el justo equilibrio que debe garantizar el Estado, como la luz roja de Izar avisa. Está en juego, por muchos años, el futuro de esta tierra. La coyuntura política quizá no sea la más favorable. La necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado lleva a inclinarse hacia otros cuadrantes. Será preciso contrarrestar esa inercia, que terminaría afectando a la vertebración misma del Estado. Es urgente que se fijen las prioridades, ya que los recursos no son ilimitados. Con claridad, no difuminada por evanescentes declaraciones y tecnicismos jurídico-hacendísticos. Para la decisión política es posible la prioridad del Plan Galicia. ¿Qué dinero está dispuesto a comprometer la Administración del Estado en el puerto exterior? La línea de ferrocarril en el proyecto de la CEOE, con un extremo en Algeciras, pone en evidencia la necesidad de enlazar el puerto con un ferrocarril ranozable para el transporte de mercancías. Es el desarrollo de esta esquina de Europa lo que está en cuestión. Este 2004, que ha supuesto un punto de inflexión en la política española, llama a la conciencia colectiva de Galicia. El editor habló del último tren. Se precisa una reacción común. El largo ambiente preelectoral en Galicia no la facilita entre los políticos. Quizá sea el momento de la sociedad civil no condicionada por disciplinas partidarias. ¿Cómo concretarse? ¿Quién o quiénes proporcionarían el impulso? De entrada, se requiere la exigencia unánime a la Administración del Estado. Además, pueden plantearse fórmulas de colaboración pública -incluida la autonómica- y privada, reasignando recursos y replanteando plazos en la realización de proyectos menos prioritarios. La foto que nos avanza la CEOE es alarmante. La voz en torno al Plan Galicia, como un último tren a no dejar pasar de largo o que se retrase, un S.O.S. sobre nuestro futuro como país.