CHARLES-LOUIS de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, se ha removido estos días en su tumba, al decir de quienes entran al Panteón de París y escuchan las quejas del autor de El espíritu de las leyes . Ya lo adelantó Alfonso Guerra a mediados de 1980, cuando proclamó aquello de «Montesquieu ha muerto» y acto seguido un Gobierno de Felipe González modificó la ley del Poder Judicial e introdujo la participación de los grupos parlamentarios en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Veinte años más tarde, otro Gobierno socialista ha dado otra vuelta de tuerca a la separación de poderes en tres que definió el filósofo y literato francés. El Congreso de los Diputados (194 frente a 137) ha aprobado por el trámite de urgencia el proyecto de ley que cambia el sistema de nombramientos judiciales, que pasa de mayoría absoluta a mayoría por tres quintos de los vocales. Ha sido una carrera alocada, trastabillada, de ida, vuelta e ida, en medio de filibusterismo parlamentario, discusiones broncas y acusaciones graves que han hecho añicos el Pacto de Estado de la Justicia y las relaciones del PP con el Ministerio de Justicia, además de otras heridas difíciles de cicatrizar. Y todo para impedir que el actual CGPJ, en el que hay mayoría de derechas, nombre por mayoría simple vacantes en varias presidencias de tribunales superiores de Justicia y magistrados del Supremo. La mayoría parlamentaria que se arrejunta en torno al grupo socialista argumenta que el CGPJ es un órgano de carácter político del gobierno de los jueces y que como tal debe reflejar la mayoría política legislativa que salió el 14 de marzo. Un razonamiento invasor hacia la independencia de los poderes porque lo que tendría que reflejar ese órgano es la mayoría que saliese del sufragio directo de los jueces, sin que estuviera trufada por la interferencia del Legislativo, que se aposentó en el CGPJ después de la reforma de 1985 y que ahora se encastilla. La división de poderes en tres y su adscripción a instituciones diferentes es garantía, según señaló Montesquieu en 1784, contra gobiernos despóticos, porque la decadencia de los sistemas de gobierno se produce cuando los principios de gobierno no son debidamente cumplidos o sufren alteraciones, corrompiéndose todo el sistema. ¿Por qué ese empeño en atar al Poder Judicial en una época en la que el Ejecutivo es ya una prolongación del Legislativo y en vísperas de que se agolpen las reformas de los estatutos de autonomía? Para el barón de Secondat, por cierto, la monarquía constitucional era la mejor forma de gobierno, al reunir en sí misma las ventajas de la república y de la monarquía absoluta. Parece que también algunos quieren cambiarla por la segunda.