LAS SUCESIVAS informaciones de este periódico nos alertaron sobre repercusiones y efectos del protocolo de Kioto en la industria gallega. Sorpresa y sobresalto ante la noticia: es diciembre. Las resoluciones entran en vigor el año próximo. Ninguna institución había planteado, hasta ahora, un análisis sobre las consecuencias para la industria gallega de la aplicación de esa normativa. Una primera lectura nos podría llevar a considerar la asignación de emisiones contaminantes como un nuevo aldraxe o discriminación de Galicia. Los concellos más afectados -As Pontes y Cerceda- iniciaron acciones ante las posibles consecuencias para el empleo y la economía de sus municipios. El Partido Socialista consigue un papel de intermediación y hace venir al secretario de Energía para poner bálsamo a la reivindicación municipal. Quizás esa lectura simple pudiera ser cierta. Pero, salvo mejor opinión en contrario, de todos debía de ser conocido que nuestras térmicas, por el tipo de producto tratado, eran contaminantes. Kioto exigía remedio para ello: nuevas tecnologías, mejora en los procesos o uso de nuevos combustibles. Conocido era, también, el pulso entre grupos industriales del sector eléctrico por el reparto de cuotas, y que éstas no tienen asignación territorial, por más que muchos de los efectos sí sean territoriales, sino para cada empresa. Por tanto, cuotas transferibles sin que el Gobierno gallego, asturiano o leonés pueda configurar un fondo de reserva de cuotas de emisión si la empresa contaminante se cierra por inviable o se traslada. Apuntes -todos ellos- que justifican el asombro ante la carencia de política industrial (la del Gobierno y la oposición), porque si el diferencial entre la emisión asignada y la producida inviabiliza a las actuales plantas térmicas y con ello se incrementa el déficit energético, parece que se compromete seriamente nuestro desarrollo industrial. Propuestas de solución poco reflexivas (paliar emisión con el sumidero forestal gallego), quizá aliviaran el problema actual, pero lo mutiplicarán si las empresas beneficiadas con un aumento en los derechos de emisión se deslocalizan de Galicia. Kioto nos pone en evidencia. ¿Quién nos habla de política industrial? ¿Quién la imagina y planifica?