NO ES el momento. Es imprescindible que desaparezca del horizonte el terrorismo y su amenaza. Tampoco alguno de los pilares del acuerdo del Parlamento vasco y algunos de sus términos, parecen encajar en la Constitución sin su reforma. Pero, la iniciativa, recientes declaraciones del presidente del Gobierno acerca de que Euskadi tenga una «posición definitiva en el conjunto del Estado» y la realidad, evidencian que la situación actual no está cerrada. Desde el momento constituyente he insistido en que el proceso autonómico estaba abierto. Se ha intentado cerrarlo en diferentes ocasiones, por diferentes vías, en las que han participado opiniones doctrinales y los partidos mayoritarios: primero la UCD de Calvo Sotelo y el PSOE, después PSOE Y PP. Se generalizaron los órganos y las competencias autonómicas, operando una auténtica mutación constitucional. Se volvía, así, al primer borrador, bajo la inspiración de mi colega el profesor Clavero, que se superaría en el texto de la Constitución, en el que tuve la oportunidad de participar muy directamente. Quiérase o no, discútase científicamente, rechácese políticamente, subsiste la conciencia de «un hecho diferencial», cuya llama será mantenida, y sus rescoldos avivados, donde existan partidos nacionalistas con la suficiente fuerza social. Los problemas generados a lo largo del tiempo lo necesitan también para su solución. Requiere que se den condiciones adecuadas. Puede avanzarse hacia la meta, pensada como definitiva, o retroceder. Por lo que se refiere al horizonte de paz, parece que se ha avanzado. En el político, retrocedido. Fracasó el objetivo de desbancar del poder al PNV, y en ello coincidieron socialistas y populares. Era ambicioso, porque un gobierno autonómico posee importantes competencias en materia de educación, cultura, comunicación y economía en general. La cuestión va a plantearse en las próximas elecciones en el País Vasco, que se encuentran en el punto de mira de todos los actores, incluida la ilegalizada Batasuna. Puede que no varíe la correlación de fuerzas. Parece más difícil el desalojo de los actuales gobernantes. El modo de manejar la dinámica generada por la propuesta del Estatuto aprobada por el Parlamento vasco influirá en esa cita y en la aproximación o alejamiento de la deseada solución definitiva. No es lo mismo rechazarla porque no se está en presencia de las condiciones adecuadas para una reforma del Estatuto vigente, que hacerlo por su inconstitucionalidad substancial. Si en ella se basara la oposición anunciada de los dos partidos mayoritarios, que no lo enmendaron en el Parlamento vasco, tendrían que dar el paso peligroso de la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Recurso al que, paradójicamente, podría acudir el PNV. La inadmisión, dejaría pendiente la tacha de inconstitucionalidad, que podría ser utilizada por los nacionalistas en su propio beneficio. La misma situación de pendencia se produce si no se accede al Tribunal Constitucional. Podría ser interpretado de varias maneras: como el deseo de no apurar las vías de entendimiento, o de prepotencia o inseguridad o debilidad. En cualquier caso, el rechazo anunciado debería evitar descalificaciones globales, si se quiere que algún día se llegue a una solución pacíficamente aceptada. El PNV, solo, no puede conseguirla y tampoco se logrará sin su concurso. Metido en «vía muerta» el denominado Plan Ibarretxe, el cercano Pleno del Congreso de los Diputados y las próximas elecciones van a condicionar el itinerario a seguir. Ahora no es todavía el momento de alcanzar la meta deseada. Pero ahí sigue vivo el recordatorio de una solución para que la gran mayoría del pueblo vasco se sintiese cómoda en el marco constitucional, que distingue al País Vasco, pero también a Cataluña, Galicia y Navarra y que la generalización homogeneizadora del proceso autonómico no ha resuelto.