AHORA que se habla de nuevos pactos de Estado entre el PP y el PSOE, no estaría de más uno para que, gobierne quien gobierne, los gastos del Estado en infraestructuras y otros menesteres de interés general se hagan con justicia y equidad, ocupe quien ocupe la presidencia de cada comunidad autónoma. Por mucho que el Ejecutivo diga que no, parece claro que las comunidades gobernadas por el PP están siendo castigadas en beneficio de Cataluña y de las regidas por el PSOE, de igual modo, aunque con menos descaro, que el PP hizo con las del PSOE cuando el primero ocupó La Moncloa. Ahora las relegadas son Galicia, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Baleares, Valencia, Murcia y Madrid, y de entre los castigos mayores el más preocupante, a mi parecer, ha sido la supresión del trasvase del Ebro y su sustitución por la nada. Después de algunos croquis y varios folios sobre las desaladoras, el ministerio competente ha presupuestado cero euros para estos artefactos. La bandera de la solidaridad que con tanta frecuencia enarbola el Gobierno no parece que la pasee en este asunto. Más bien la contraria. La cuenca del Segura ha sido abandonada a su suerte meteorológica y todo lo que ha hecho el Gobierno ha sido reunir a los presidentes de las confederaciones hidrográficas con el director general del Agua para «gestionar futuras sequías» y anunciar lo que durante meses se ha venido preparando: que «habrá que empezar a limitar las aguas que se transfieren» a través del acueducto Tajo-Segura si no llueve en un mes. Es decir, para murcianos y valencianos no sólo no hay trasvase del Ebro sino que se acabará el del Tajo, como viene pidiendo el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, argumentando que las mismas razones que se han empleado para suprimir el trasvase del Ebro sirven para que se deje sin efecto el del Tajo, máxime cuando el primero se hacía desde la desembocadura al mar y el segundo desde la cabecera. La política del agua del Gobierno es ruin y peligrosa. No sólo fomenta la insolidaridad interregional sino que lo hace como si los recursos hídricos de un país fuesen partidistas y no nacionales. No está de más recordar las recientes palabras de Juan Pablo II: el agua es un recurso natural y «un bien común que no se puede despilfarrar ni olvidar el deber solidario de compartir su uso».