SI HAY ALGO difícil de lograr en la vida política y administrativa de España es poner orden en el sistema de televisión pública. Hay muchos expertos en nuestro país capaces de proponer soluciones para el problema de la financiación y de la misma existencia de RTVE. Hay expertos dentro de la empresa y muchos también en el sector audiovisual español. Sin embargo, el actual Gobierno socialista dijo un día, por boca de su portavoz y vicepresidente primera, que se había acabado la televisión pública de partido y comenzaba la televisión pública de la sociedad. Pero todo siguió igual. Sólo hubo un cambio: nombraron una comisión de expertos para que estudiara el sector y propusiera soluciones. El sector estaba más que estudiado, las soluciones se sabían desde hace mucho tiempo. Se veía que la comisión sólo iba a servir para ganar unos meses, cuantos más mejor, para mantener la imagen del nuevo ejecutivo. Tanto es así que el estudio podía haber sido entregado a finales del verano pasado, pero era necesario dejar pasar tiempo, tal como ha dejado por escrito en su voto particular González Urbaneja, periodista, director de medios y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Pues bien, después de nueve meses de larga gestación, la comisión ha parido un pequeño ratoncito. Se trata de reconocer todos los defectos que tiene RTVE, de lo mucho que cuesta hacer televisión, de reafirmar la necesidad de su existencia y de que siga manteniéndose la doble financiación de la televisión pública, mitad de presupuestos del Estado y mitad de publicidad, así como que el Estado asuma la deuda que tiene en estos momentos el conjunto del Ente Público. Para estas conclusiones no era necesaria una comisión que trabajase durante nueve meses. Además resulta que el informe final tiene un voto particular, que se debe considerar contrario, de González Urbaneja. Pero es más, el informe indica textualmente en sus primera páginas que «el experto en temas de financiación, Don Miguel Ángel Arnedo Orbaños, hace constar su discrepancia con el análisis y las propuestas financieras sobre Radio Televisión Española». Es decir, dos de las personas más capacitadas de la comisión no están de acuerdo con las conclusiones ni con los procedimientos de funcionamiento. De todo ello no puede salir más que una conclusión: se ha perdido una oportunidad de cambiar el modelo de televisión pública en España. Quizás el Gobierno nunca tuvo intención de llevar a cabo lo que anunció: lograr una televisión pública independiente, con una financiación que no distorsionase el mercado publicitario, que permitiera una vida desahogada a las televisión privadas, que no llevase a cabo una competencia poco leal. Al final, frustración en el sector comercial de la televisión española. Una frustración que se produce tanto por este informe sobre la reforma de los medios de comunicación de titularidad pública como por el sombrío panorama que se presenta con las reformas legislativas sobre el sector aprobadas recientemente por el Gobierno socialista. Todo se queda en fuegos fatuos, en espectáculo propio de un espacio televisivo.