DOS ACONTECIMIENTOS coincidentes en el tiempo -la ceremonia de entrega de los Oscar y la enfermedad del Papa- han proyectado y polarizado a escala global el debate sobre la eutanasia, cuestión con indudables implicaciones éticas, sociales y políticas, sobre la que existen posturas muy enfrentadas, basadas en convicciones profundas y aún en sentimientos atávicos. El hecho de que los polos de la controversia cuenten con el respaldo de dos instituciones -la Academia de Hollywood y el Pontífice romano- de indiscutible prestigio e influencias mundiales, ha elevado la polémica a niveles hasta ahora desconocidos y difícilmente reversibles. De un lado, la institución cinematográfica más importante e influyente del mundo que, al premiar las excelentes películas de Amenábar -sobre la vida de Ramón Sanpedro- y la de Clint Eastwood, toma postura inequívoca a favor tanto del derecho a disponer de la propia vida como al de morir dignamente; del otro, el Pontífice de la Iglesia Católica, que niega rotundamente tales derechos y considera que la vida, que según él no nos pertenece, sólo puede terminar de forma natural, sin reparar en las complicaciones que puedan surgir e independientemente de cómo éstas afecten a su calidad y a la dignidad humana. Naturalmente, el obispo de Roma tiene perfecto derecho a orientar a los fieles de su iglesia, y a defender públicamente sus ideas con el fin de lograr la adhesión social a los valores que sustenten sus creencias. Pero no le asiste el más mínimo derecho que le permita imponer sus principios al conjunto de la sociedad, y mucho menos que trate de hacerlo a través del expeditivo camino del Código Penal. Por el contrario, las películas premiadas con los Oscar, tanto la de Amenábar como la de Eastwood, no pretenden, en modo alguno, que los ciudadanos renuncien a sus creencias. Recuerdan simplemente que aquéllas no pueden imponerse a quien no las comparte y enfatizan, de forma oportuna, que en una sociedad democrática no se puede violentar la conciencia de nadie, pero tampoco se puede impedir la autodeterminación y la libertad de los ciudadanos. Así pues, ambas posturas no constituyen un antagonismo simétrico. Una no es exactamente el negativo de la otra. Es evidente el agudo contraste existente entre la respetuosa y tolerante posición de los cineastas y la de la Iglesia Católica, empecinada en la anacrónica pretensión de trasladar el derecho canónico a normas de derecho común. No deja de sorprender, finalmente, la arriesgada opción tomada por la Academia de Hollywood, si se considera que EE. UU. vive hoy una verdadera exaltación del fanatismo bíblico de la mano de los predicadores evangelistas radicales. Lo cual no hace sino confirmar la perentoria necesidad de alcanzar un consenso -basado en la ética civil- que conduzca a la solución de un problema que está presente en todas las sociedades desarrolladas, y a la regulación de unas prácticas, cada día más extendidas, que hoy carecen de las necesarias garantías y de la imprescindible seguridad jurídica. No cabe duda, el coraje cívico de Ramón Sanpedro y el talento de Amenábar han ayudado a despejar el camino.