LAS AFIRMACIONES de Pasqual Maragall en el Parlamento catalán acerca del cobro de comisiones por el Ejecutivo de Convergencia i Unió han generado un cataclismo político de consecuencias aún imprevisibles. Pero si somos sinceros lo más sobresaliente no sería tanto la reacción airada de los inculpados, del todo políticamente lógica -la diana resuena en todos los cuarteles-, sino otras dos cosas derivadas. Una, que las consecuencias de las hipotéticas trapacerías de una concreta formación política se proyecten, a guisa de escudo protector, sobre Cataluña globalmente considerada. Y, otra, que el fondo de la cuestión -si tenemos o no un problema de financiación de partidos que genera corrupción- no sea el centro del debate. Probablemente las cosas no hayan ido en este punto a peor. Pero todavía a finales del año 2002, en el estudio elaborado por la Unión Europea sobre la corrupción, España tenía por delante, como países más limpios , una veintena de Estados de entre los 102 analizados.