EL VICEPRESIDENTE segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, podría haberlo dicho más alto, pero no más claro porque hasta lo compartió el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells: la Administración central no tiene margen para ceder más recursos a las comunidades autónomas y en caso de que algunas quisieran tener más bienes y el Estado accediera a dárselos, "esos mayores recursos irían a todas, con independencia de sus preferencias sobre subida de impuestos o reducción de gastos". En su habitual tono monocorde, el responsable económico señaló en su conferencia del pasado lunes en el Club Siglo XXI el fin del trayecto para quienes quieren seguir un viaje interminable que consiste en que el Ejecutivo central suba los impuestos y se haga impopular y lo recaudado se lo gasten las comunidades autónomas y se conviertan en benefactoras. La comedia se acaba. Sobre este asunto el profesor Ángel de la Fuente recordó hace poco en un seminario el interés de discutir y acordar el modelo de financiación desde detrás del «velo de la ignorancia» que propone Rawls como método para configurar una sociedad justa, consistente en analizar y decidir el modelo que nos parezca más adecuado¿, ignorando cuánto vamos a obtener del mismo. ¿Se atreven nuestros políticos a este procedimiento? Ahora toca que las Comunidades usen los impuestos transferidos en función de las políticas que quieran aplicar y en el pleno ejercicio de su autonomía, y que, como recordó el titular de Economía, repartan con los ayuntamientos las competencias porque las corporaciones locales son las grandes perdedoras del sistema autonómico, ayunas de medios y obligadas a financiarse principalmente con recalificación de terrenos, elevando hasta el paroxismo el coste de la vivienda. El reparto de los dineros entre comunidades autónomas y ayuntamientos presenta un panorama muy distinto al de los países de nuestro entorno, en perjuicio de los nuestros. A juicio de Solbes -el economista que cuando volvió de Bruselas se encontró con un país más rico y un Estado más pobre, como señalé en un anterior artículo-, el proceso de transferencias sólo se ha producido desde el Estado a las CC. AA. y no desde éstas hacia el nivel inferior, el municipal. En este sentido resulta reveladora la oposición de ERC, IU-EV y buena parte del PSC, a ceder recursos a los ayuntamientos catalanes, cuando exigen lo contrario al Gobierno central. Su postura es más propia de quienes ansían solo detentar poder político y económico que solucionar las necesidades de los ciudadanos y las carencias de los pueblos. Por que «qué es más prioritario, financiar la sanidad o una televisión regional», se preguntó Solbes. Para el sentido común no caben dudas. Para la mayoría de los políticos¿, tampoco.