LA MOCIÓN aprobada en el Congreso de los Diputados en relación con el terrorismo de ETA ha certificado la profunda división existente entre el PSOE y el PP. Desde comienzos de la legislatura, el Gobierno ha procurado su mayoría parlamentaria con el apoyo continuado de ERC e IU y el intermitente de las demás minorías. Ni siquiera la coincidencia del PSOE y el PP en el rechazo del denominado Plan Ibarretxe reflejó unidad. La estrategia sobre todo lo que concierne al País Vasco estaba, ya entonces, decidida. El discurso, brillante y enérgico, del líder de la oposición en el debate sobre el estado de la nación puso, sin disimulo, al descubierto esa circunstancia, con la consecuencia de hacer prácticamente imposible un acuerdo. Por eso, sabiéndolo de antemano, Rajoy pudo haber elegido otras formas, que no implicasen merma del rigor y de sus convicciones. Bastaba con reproducir las palabras dichas por víctimas del terrorismo, reconociendo su autoría. En este mundo de la imagen, en una sociedad sumamente acomodada en lo inmediato, poco propicia a involucrase en lo que lo rebasa, era presumible la difícil recepción de alegatos que desasosiegan. El conocimiento del adversario aconsejaba otro tono. La firmeza parece enfado, que no altera el talante del otro y da pie para resucitar la memoria del presidente anterior. En la pulida prosa de la moción hay referencia a la unidad democrática de los partidos, como «una condición imprescindible» en la lucha contra el terrorismo. Si eso es así, y se le da tal valor, hubiera sido razonable aparcar las mociones, demorar su sometimiento al Pleno hasta conseguir la deseada unidad, a menos que se aceptase de antemano que es suficiente la, por otra parte legítima, mayoría de la que no forma parte el PP. La petición de que se inste la ilegalización del emergente Partido Comunista de las Tierras Vascas parece que ha sido un obstáculo para el acuerdo. Aunque el Gobierno tenga dudas acerca del éxito de la acción, si la proclamada unidad es tan esencial, en aras de la misma, podría intentarse. Si fracasara en sede judicial, con plena razón se esgrimiría el resultado ante el PP, como una muestra sólida de la buena voluntad. No ha sido así. Cierto es que un fallo favorable traería consecuencias enojosas y es posible que no impidiese la permanencia del grupo parlamentario del PCTV. Pero sería más difícil admitir al referido partido político como participante en lo que la moción declara acerca de que «las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular». Ahora el PCTV es una lista limpia; sus votos en el Parlamento no están formalmente contaminados. Puede continuar en la mesa política el diálogo que lleven a cabo «los poderes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia». Es de un modo real el árbitro de la situación: para elegir presidente del Parlamento vasco, para respaldar a Ibarretxe en el impulso de su iniciativa o para detenerlo o conducirlo en otra dirección. Resulta difícil no estar a favor de la paz y, en concreto, de que desaparezca una lacra que entenebrece nuestra convivencia. La cuestión es el cómo y el cuando. Los ciudadanos no tenemos la información del presidente. ¿Era de imperiosa necesidad obtener ahora y de esa manera la vía libre para lo que la misma moción reconoce que es un proceso? La pregonada debilidad de ETA no es un argumento para la urgencia. Como tampoco lo es para el sentimiento de las víctimas, que requiere un tratamiento cuidadoso, por elementales sentidos de justicia y humanidad. El tiempo es imprescindible para el éxito mismo de la operación. Están en juego valores que cotizan más alto que el rédito electoral de los actores. La proyección de futuro que se propone, hubiera requerido -requiere- otro escenario que el de la prisa y la desunión que contemplamos como espectadores interesados.