EL SUBSIDIO de paro es un derecho que se adquiere después de haber trabajado y cotizado 360 días, con independencia del patrimonio que se tenga y de la indemnización recibida, aunque sea millonaria. ¿Cuál es, entonces, la razón para que el perceptor de una pensión contributiva, ganada al alcanzar la edad de jubilación y después de haber cotizado en el régimen general los treinta y cinco o más años que marca la ley, no pueda recibirla íntegramente si tiene otras rentas de trabajo como autónomo? Si por ellas se pagan a la Hacienda pública los impuestos inherentes a la renta de las personas físicas, ¿cuál es el problema? Este injusto y absurdo proceder de la Seguridad Social obliga a cobrar en negro a muchos pensionistas que necesitan trabajar por cuenta propia para obtener más ingresos y a otros, generalmente los más avispados y con posibles, a constituir una sociedad para percibir rentas vía beneficios. Hecha la ley, hecha la trampa y la chapuza. Los políticos, hoy en jornada de reflexión, deberían pensar más en estas cosas, que son las que demandan los ciudadanos, y los sindicatos mirar más allá del colectivo de trabajadores por cuenta ajena y funcionarios, que son su granero histórico pero que tiende a disminuir merced a las nuevas formas de trabajo individual que alumbra cada día la sociedad post-industrial de la información. La pensión contributiva debe ser un derecho que se adquiere después de haber cotizado para ella durante el plazo fijado por ley y la opción de seguir o no trabajando y percibiendo por ello activos líquidos una decisión personal. La actual legislación, restrictiva y confiscatoria, empobrece al país, retira de la creación de riqueza a quien quiere seguir produciéndola, invita a la vagancia y orienta al fraude. Un dispendio tan costoso como el anunciado esta semana por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para rejuvenecer la plantilla de la Administración General del Estado, cuya edad media es de 47 años: prejubilación voluntaria a 25.000 funcionarios de entre 58 y 64 años («¡toma nísperos!», Jaime Campmany -q.e.p.d.- dixit). Justo lo contrario de lo que dice el programa electoral del PSOE, lo que manifestó ante la comisión del Pacto de Toledo el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cuando subrayó que el propósito del Gobierno es obstaculizar las prejubilaciones en las grandes empresas, y lo que tronó después el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, advirtiendo al sector privado que no esperara de él «ni un euro», porque su propósito era incentivar la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral, algo que beneficiaría tanto a ellos, que recibirían una mayor pensión, como a la Seguridad Social, que mejoraría sus ingresos. ¿Qué les ha pasado? Serán los calores.