LA NUEVA estrategia para acabar definitivamente con ETA parece estar ya en marcha. Se trata de negar su existencia desde el punto de vista jurídico. Si no existe la organización terrorista en los juzgados ni en las prisiones, será muy fácil no condenar a todos los que detenga la policía, y será más fácil todavía dejar en libertad, bajo el pretexto de redención de penas, a todos los asesinos condenados de ETA. Así se desprende de las últimas actuaciones de varios jueces de la Audiencia Nacional. Ésta es la única explicación que se puede encontrar a las sentencias de este juzgado, en las que, curiosamente, siempre es protagonista el magistrado Santiago Pedraz. No se sabe si esta nueva tendencia jurídica responde a la misma estrategia del gobierno socialista para favorecer un clima de negociación con ETA. La organización terrorista pide al gobierno socialista que no presione a su entorno, que haga gestos con los presos, que elimine el pacto antiterrorista, que derogue la ley de partidos que les impide tener cargos electos y recibir dinero de las instituciones. Si los terroristas piden esto y los jueces muestran una tendencia a concedérselo, nadie puede negar que exista relación de causa y efecto. Estas sentencias y actuaciones judiciales están desmontando toda la doctrina jurídica anterior que logró acorralar a los terroristas vascos y los dejó bajo mínimos. Fueron una serie de actuaciones muy eficaces del Gobierno Aznar con el consenso del PSOE en el Pacto Antiterrorista. No fueron medidas unilaterales que contaran con la oposición de Zapatero. Al contrario, se llevaron a cabo con total acuerdo. Sin embargo, ahora se desmontan sin ningún tipo de explicación, por la puerta falsa. Así lo entienden todos, especialmente los nacionalistas vascos, que son los más beneficiados por el terrorismo de ETA. Por eso están felices y dan sus parabienes a Zapatero por dar oxígeno otra vez a los terroristas y a todas sus organizaciones de apoyo y ejecución. Todo esto provoca alarma social, es descorazonador para las víctimas de ETA y es desmoralizador para los policías que arriesgan su vida deteniendo a estos terroristas. Parece una burla a la ciudadanía del País Vasco, sobre todo a aquéllos que reciben con frecuencia la carta de chantaje: o dinero o atentado. No se puede olvidar que son miles las familias, los empresarios y los profesionales de todo tipo que viven diariamente con esta amenaza. Y es que con frecuencia se cae en el mismo error de Pilar Manjón: considerar víctimas sólo a los muertos y heridos, dejando de lado a esos miles de ciudadanos vascos que son víctimas del chantaje, que viven con el miedo en el cuerpo sin que nadie lo note ni tengan derecho a indemnizaciones oficiales. Muchas de estas personas chantajeadas incluso pagarán lo que le piden, o negociarán una rebaja, aun a sabiendas de que con ese dinero van a comprar las armas que usarán contra ellos si no pagan, y que usarán contra otros muchos. Tampoco se puede olvidar que son víctimas también aquellos tranquilos ciudadanos que sufren con frecuencia los ataques de las organizaciones B de ETA, en quemas de autobuses, incendios en sus viviendas, en sus coches, incendios en instituciones o empresas. Pues ahora, todas esas víctimas quedan desprotegidas gracias a sentencias y decisiones judiciales de la Audiencia Nacional, a la cabezonería del presidente del Gobierno y a los partidos nacionalistas que le apoyan.