EL TERRORISMO ha dado un nuevo zarpazo. Un atentado indiscriminado, como el de Nueva York o Madrid, con víctimas que responden a un muestrario intercultural de razas y religiones diferentes. Por desgracia, aunque nos repela, el terrorismo ha adquirido una relevancia en el mundo en que vivimos, que no podemos ni olvidar, ni disimular. No es exclusivo de un país y, por ello, prevenirlo y erradicarlo requiere una cooperación permanente y amplia. Ceden ante ello rivalidades que revelan, de un modo clamoroso, su pequeñez, incluso su miseria. Las palabras solemnes pronunciadas para la ocasión suenan a vacías, si no se acompañan de hechos. Resulta inevitable, junto a manifestaciones sinceras de solidaridad con el Reino Unido, volver la mirada hacia nosotros. Lo que acaba de suceder en la capital británica arroja una sombra más de duda sobre lo que aconteció en Madrid durante tres días dramáticos. Lo decisivo no era el mejor o peor acierto en el manejo de la crisis por el Gobierno. Lo razonable en un país con raíces democráticas era procurar la unidad frente a una agresión brutal. Lo comprobé sobre el terreno el 11-S, en el que emergió espontaneamente el sentimiento patriótico que aquí se menosprecia. Como incomprensible, en una situación de laicismo rampante, sería la convocatoria de un día de oración, que fue seguida por ciudadanos de diferentes creencias religiosas. La reacción de unidad nacional ha vuelto a repetirse en el Reino Unido. «Lo importante -dijo el líder de la oposición- es dejar absolutamente claro que este país está unido como uno sólo en nuestra determinación de derrotar al terrorismo». Seamos objetivos. Aquí no hubo unidad. La manifestación, convocada y seguida multitudinariamente en toda España, a raíz del 11-M, revelaba fracturas indisimuladas, bajo carteles aparentemente asépticos que clamaban por la paz, o menos solapadamente inquiriendo por la autoría del atentado. La Comisión parlamentaria sobre nuestro 11-M y sus conclusiones han dejado la impresión de un ajuste de cuentas. No se trata, por supuesto, de cuestionar la legitimidad del resultado de las elecciones del 14-M. Pero sí de reconocer que aquel hecho conmocionante debería constituir un elemento esencial para el planteamiento y ejecución de la política antiterrorista, sin distinción de orígenes. No es esa la dirección en que caminamos. Si, en su día, no constituyó argumento sólido que el presidente Aznar no hubiese reunido al Pacto antiterrorista porque no se lo había pedido Rodríguez Zapatero, entonces en la oposición, tampoco es consistente cerrarse en cuestiones formales para no reunirse ahora. Una nebulosa envuelve el denominado proceso de paz en Euskadi. Se afirman y se niegan conversaciones con ETA o con su entorno. Si se sostiene que no habrá negociación hasta que aquélla abandone las armas qué urgencia había para un acuerdo parlamentario instando a la negociación. Bombas posteriores la niegan. La política sobre el terrorismo requiere discreción, pero no debe generar desconcierto en la ciudadanía. Quizá no se exija completa transparencia, pero tampoco jugar con doble baraja. Falta claridad y sobran ambigüedades. Se comprende, por ello, la desconfianza de la asociación de víctimas del terrorismo, sobre el precio a pagar por la paz, después de la visita al Presidente del Gobierno, forzada por la correspondiente manifestación. El necesario respaldo de la sociedad a la política sobre el terrorismo requeriría, al menos, el gesto de que los partidos implicados muestren en público su acuerdo, dejando a un lado cálculos de rentabilidad electoral y de lucimiento personal. Londres ha sido un recordatorio.