QUE Galicia necesita cambios profundos es evidente, pero que esos cambios exigen inteligencia, tesón y pedagogía política, también. Que los deseos de éxito son elevados es cierto, pero grandes son también los obstáculos e intereses a remover. Que el primer año de gobierno es decisivo parece incuestionable, pero que las medidas aplicadas deben ser rigurosas y prudentes, también. Que el presupuesto es escaso resulta obvio, pero que la herencia recibida es una losa, también. Que los hechos sustituyan a las palabras es esencial, pero también preocupa la inexperiencia política y el desconocimiento de la administración. Algunos ejemplos ilustrativos permitirán entender mejor estas breves reflexiones. Así, ¿cómo reducir drásticamente el clientelismo político sobre municipios, empresas y particulares si esas prácticas están grabadas a fuego y constituyen ya buena parte de los valores y comportamientos sociales? ¿Cómo introducir racionalidad en el urbanismo si la propiedad privada del suelo se alimenta de absolutos y de inculturas provocadas? ¿Seguirá habiendo reducciones fiscales mientras la sanidad genere déficits crecientes? ¿Se distribuirán los recursos públicos, vía convenios y subvenciones, respetando los principios de concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia? ¿Se compensará el agravio comparativo verificable, cuantificable y explicable que padecieron ciertos municipios? ¿Se puede financiar hoy la demanda de servicios sociales sin la corresponsabilidad de las administraciones, familias afectadas y contribuyentes en general? ¿Se incentivará y medirá la eficiencia en la gestión pública? ¿Fundamentará el proyecto solvente la colaboración institucional y las ayudas a la empresa privada? ¿Se reforzará la intervención y el control para que desarrollen sus tareas con independencia, profesionalidad y responsabilidad? ¿Se accederá a la función pública mediante criterios de igualdad, capacidad y mérito? ¿Mejorará la objetividad y calidad de la televisión pública? ¿Seguirá utilizándose el concepto de deuda histórica ignorando a su vez el saldo fiscal agregado que contabiliza Galicia todos los años? ¿Existirá el realismo suficiente para reconocer que el Estatuto es una ley orgánica del Estado que debe ser aprobada por las Cortes Generales? ¿Se crearán bases sólidas para construir a medio plazo un proyecto político alternativo? El futuro próximo de Galicia se presenta apasionante, como apasionados y duros serán también los problemas asociados al cambio. Pero la modernización de Galicia es imparable, por muy difícil que resulte el tránsito y por muchas resistencias que opongan los beneficiarios de las políticas antiguas. Y es que en democracia las cosas también decaen y mueren.