GENIO y figura hasta el final. Cuando la reproducción política de un país se fundamenta en el control mediático y municipal, asignando a esas tareas abundantes recursos y energías, la inercia de los gobiernos alcanza e impregna hasta el último suspiro. Esta lógica interna caracterizó al Gobierno gallego saliente por motivos y razones diversas, aunque las consecuencias y daños asociados a la misma sean graves y subvalorados. Lo he expresado y sistematizado en dos libros anteriores: La agonía del municipalismo gallego (1995) y A rebelión municipal: unha esperanza para Galicia (2003), sin que la trituradora popular tuviera consideración o sensibilidad al respecto. Por eso no insistiré más en ello, aunque tampoco debemos ignorar los acuerdos adoptados por el Consello de la Xunta de Galicia en los dos últimos meses del mandato (junio y julio). En efecto, el Gobierno gallego llevó a cabo una actividad frenética en los siete meses del 2005, aprobando convenios, ayudas e inversiones que afectan a competencias exclusivas y compartidas de los ayuntamientos. Sólo en los meses de junio y julio esos acuerdos suman 91,3 millones de euros (además de 9,1 millones para obras en municipios rurales que no se mencionan). Los municipios beneficiados son 95, de los cuales el Partido Popular gobierna en 79, el Partido Socialista en 11, el Bloque Nacionalista en 2 y los independientes en 3. La distribución de los recursos mencionados es como sigue: 71% para municipios del Partido Popular, 28% para municipios socialistas y casi nada para nacionalistas e independientes. Los municipios populares más afortunados fueron Melide, Cervo, Xinzo, Ferrol, Vigo, Negreira, Lalín, Vilalba, Celanova, Corgo y Boqueixón. Las inversiones que reciben los gobiernos socialistas se concentran en Lugo, Porto do Son y Camariñas. O sea, que utilizar el dinero del contribuyente para ayudar al amigo o para agradecer su esfuerzo electoral, inspiró gran parte de esas decisiones, recibidas aquí con naturalidad y silencio generalizado, con sonrisa cínica y entusiasmo por las buenas formas y la lealtad institucional. Todos muy finos, pero ignorando la cuantía y distribución de estos recursos que son sólo una parte del gasto autonómico total que reciben los municipios de forma asimétrica y opaca. Y es que en este país nadie sabe cuántas subvenciones recibe el municipio. Ni los alcaldes, ni los concejales, ni los ciudadanos interesados, ni los parlamentarios, ni los investigadores universitarios. Una ignorancia excelentemente cuidada e interesada. Por eso habrá que legislar con urgencia y obligar a que las administraciones públicas difundan los convenios que formalizan y las subvenciones que otorgan en cada ejercicio. El avance sería extraordinario.