EL CURSO político cuenta con un nutrido cesto de cuestiones pendientes. El parón convencional de agosto no ha hecho más que incrementar la necesidad de su solución que, ahora inevitablemente, hay que enfrentar. Para algunas, como el Estatuto catalán, no se puede dar mucho más hilo a la cometa para salir del embrollo en que se ha metido. Las declaraciones tienen límite de caducidad. En las semanas de silencio de esta Tribuna ha habido noticias a comentar. Entre las negativas figuran las muertes de diecisiete militares en Afganistán. Un suceso que incidió en la conciencia colectiva y, particularmente, en la de Galicia. No es del caso remover sentimientos, compartidos solidariamente, cuanto de extraer enseñanzas para el futuro próximo, por si pueden reajustarse las actitudes de los principales protagonistas de la vida pública. Se centró la polémica en si se trató o no de un accidente. No parece excesivo sostener que el planteamiento, por parte del Gobierno y del principal partido de la oposición, se encuentra tarado por un pasado que es hora de superar. La sombra de Irak planea de un modo indubitado. Por ambas partes se sostienen medias verdades, si se acepta la expresión liberada de una dimensión matemática. Es verdad que Aznar apoyó la guerra, contra la que me manifesté. También lo es -y esto es menos reconocido- que España, realmente, no entró en guerra; que el envío de tropas a Irak se hizo en la posguerra, junto a más de veinte países, sobre cuyo pedigrí democrático no hay por qué pronunciarse. El manto de un acuerdo de Naciones Unidas es un aceptable pretexto dialéctico para justificar la inmediata retirada de Irak, cuya carencia no ha sido contestada para otras intervenciones por todos los que se opusieron a la de Irak. Que la presencia en Afganistán no está libre de las consecuencias inherentes a la acción bélica es algo tan evidente que resulta ridículo difuminarlo con la diferencia del título jurídico en que se ampara aquélla. No más consistente es la insistencia del PP en que no se habría manifestado al Parlamento el riesgo de la intervención en Afganistán. Iba de suyo. Reducirlo todo a un accidente, por doloroso que sea, cuestionaría la solemnidad de un funeral de Estado por los fallecidos, todos militares profesionales. En el ejercicio de las profesiones existe riesgo, como, por desgracia, comprobamos con frecuencia. Ocurre que en la del militar es habitual lo bélico, aunque se desarrolle en misiones de paz, para las que se va armado y en las que no se descarta un ataque. Convendría revisar actitudes para no estar excavando continuamente en el pasado, incluidos los contornos de la tragedia. Se ha insistido, sin necesidad, por ejemplo, en la correcta identificación de los cadáveres, que es una elemental obligación. Se pretendía con ello subrayar el distinto comportamiento en el asunto Yakolev . La contrapartida, con recuerdo de lo sostenido por la entonces oposición y hoy gobierno en el del Prestige , es afear a su presidente el retraso en acudir a Guadalajara cuando la muerte de trabajadores en un incendio forestal devastador. El suceso de Afganistán atañe a la política exterior, que parece conveniente que no esté guiada por el principio de hacer lo contrario de lo que se hizo en el período precedente. Los intereses del Reino de España a defender son lo determinante en un complejo tablero internacional, que requiere unas buenas dosis de flexibilidad y de pragmatismo. Un cierto cambio de rumbo puede ser aconsejable, sin quedar prisionero de dogmatismos autoimpuestos en la contienda electoral. Los habituales socios de gobierno no secundan variación en la hoja de ruta y el principal partido de la oposición debería facilitarla. La reorientación conveniente no es posible si se hurga de continuo en el ojo del adversario. La ciudadanía reclama soluciones al Gobierno. A la oposición, alternativas. La financiación de la sanidad lo revela de un modo elocuente. Y a ambos, diálogo que conduzca a acuerdos. No convertir la vida pública en un cuadrilátero para el continuo intercambio de golpes.