UNAS equilibradas declaraciones del presidente Pérez Touriño sobre los conciertos en la enseñanza, la financiación de la sanidad pública, la opa de Gas Natural y la asistencia a un seminario internacional sobre servicios públicos y regulación han atraído la atención sobre la cuestión permanente de la relación entre lo público y lo privado. Una historia no pacífica, con excesos por ambas partes y, sin embargo, su razonable coexistencia es importante para cualquier comunidad. Por lo que se refiere a los servicios esenciales para la colectividad de carácter económico -servicios de interés económico general se llaman en la Unión Europea- el panorama actual está presidido por el protagonismo del mercado, después de una ola de privatizaciones. Esas actividades, necesitadas normalmente de infraestructuras estables, -gas, electricidad, telecomunicaciones, transportes- han pasado de la titularidad pública a la privada, pero sometidas a regulación, de modo que se asegure un funcionamiento correcto del mercado y, además, un servicio universal, con unos mínimos determinados, asequible a cualquier ciudadano, desde el punto de vista de sus rentas y su vecindad. No ha desaparecido el Estado, como algunos han temido o deseado, sino que su presencia se hace real de otra manera. Se conjuga, así, la capacidad creadora de la libertad empresarial, el dinamismo de la competencia y la garantía pública que ha de velar por los intereses de los consumidores y usuarios. No sea que, hablando en términos macroeconómicos o genéricos -el Producto Interior Bruto o la sociedad- nos olvidemos de las personas concretas, de las familias que la integran. Los servicios de interés general, no definidos por su impronta económica, y también esenciales -como la educación y la sanidad- tienen que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es aquí donde a veces se tropieza con dificultades en el entendimiento de lo público y lo privado, como consecuencia de una tradición, que ha permanecido a través de gobiernos e incluso de regímenes políticos diferentes. Tiene un fundamento ideológico que viene de atrás, según el cual el Estado -lo público- encarna lo ideal, lo general; en cambio, lo privado es egoísta y disgregador. Por desgracia, el primero no se encuentra libre de despilfarros, ni de corrupción en los que son sus servidores y deberían -como los demás ciudadanos- comportarse de acuerdo con pautas de carácter ético. Esa larga tradición de la primacía del Estado encuentra un correctivo con la que ahora se otorga a libertades y derechos fundamentales. No deben entrar en competencia, sino en colaboración. La sanidad pública española es, sin duda, una gran conquista social que no elimina la sanidad privada. Ambas constituyen un sistema, con mayor protagonismo de lo público, cuya última finalidad es procurar la mejor prestación del servicio a los ciudadanos con la mayor rentabilidad de los recursos públicos. Esa misma perspectiva es la que debe dominar en la enseñanza. En este caso de un modo más acentuado, por el derecho y libertad de elección reconocidos constitucionalmente a los ciudadanos. El Estado puede y debe fijar los estándares adecuados para que el derecho a la educación sea real y efectivo y de la mayor calidad posible. Han de informar su propia prestación del servicio y han de ser respetados por los centros privados. En mi experiencia, siempre en una Universidad pública, la única contraposición que me pareció legítima es entre Universidades buenas y malas, en términos académicos. La concepción de lo público y lo privado como un sistema, en lo económico y en lo social, conduce a una cierta concertación. Cuando está en juego un derecho fundamental, al Estado corresponde, de un modo especial, su garantía sin arrinconar, ni asfixiar a los titulares de aquel. Ni siquiera desde la rentabilidad de los recursos públicos -de los ciudadanos- está justificado el intento. Ha hecho bien el presidente de la Xunta en tranquilizar a muchos padres.