PROBABLEMENTE el presidente Zapatero, al decir que ni rechaza frontalmente ni asume sin más el nuevo Estatuto catalán, ha pronunciado una de esas frases que tanto irritan a Mariano Rajoy y que siempre le reprochan todos los líderes populares. Porque en el PP ciertamente creen que la actual redacción del Estatuto «no sólo es claramente inconstitucional, sino que es una reforma de la Constitución española», y por ello piden que se tramite como una reforma constitucional. Y aun hay más: para la dirección del PP, el actual texto estatutario catalán es mucho peor que el plan Ibarretxe, porque «ha sido azuzado por el presidente del Gobierno y votado por el PSOE». Y la verdad es que tampoco en el PSOE reina la felicidad, después de conocer el texto aprobado por los partidos catalanes, excepto el PP. El presidente del Gobierno ha dicho: «Nuestra posición ahora es encauzarlo desde el punto de vista del respeto a la Constitución y el modelo autonómico». Y tiene razón: eso es lo que queda por hacer. Pero otros líderes socialistas, que esperaban un texto «menos fuerte», se muestran contrariados. Y no faltan los que hablan de una peligrosa «maragallada» que los sitúa ante la enorme dificultad de encajar en la Constitución lo aprobado en el Parlamento de Cataluña. Es más, algunos han manifestado ya su claro rechazo a la inconstitucionalidad de determinados contenidos (Alfonso Guerra y Manuel Chaves, entre otros). Lo peor, sin embargo, es el convencimiento generalizado de que, al final del proceso, todos dejarán muchos pelos en la gatera. Quizá por ello Artur Mas (CiU) ya se ha apresurado a decir que la responsabilidad del proceso negociador que se abre ahora «recaerá en los socialistas». Carod Rovira (ERC), con el don de la oportunidad que lo caracteriza, también ha reiterado que esto sólo es «un punto y seguido». Está claro que la prudencia y la reflexión son muy necesarias en estos momentos y en todo el proceso previsto, que se debe cumplir escrupulosamente. Pero, en este trance, como escribió el historiador Antonio Elorza, «la pregunta final al presidente Zapatero resulta inevitable: ¿Adónde va España?». Definitivamente, el talante debe incorporar transparencia y rigor.