CUANDO el presidente de un gobierno toma una decisión de gran alcance político está obligado a definir con claridad los objetivos que persigue con su iniciativa. Pero esta condición, aunque imprescindible, resulta frecuentemente insuficiente. Precisa, además, de una estrategia adecuada para alcanzar las metas fijadas y de los medios necesarios para sostenerla. Parece evidente que Pasqual Maragall no ha tenido en cuenta estos elementales axiomas políticos cuando hace tres días, sorprendiendo a propios y extraños, intentó reestructurar de forma unilateral el Gobierno de la Generalitat. Ninguno de mis amigos catalanes -y les aseguro que alguno de ellos conoce la situación y al personaje como la palma de su mano- ha sido capaz de entender, y por tanto de explicarme, las razones que han llevado a Maragall a abrir una crisis política de imprevisibles consecuencias. En efecto, hacer una crisis de gobierno en vísperas del debate de política general que ayer mismo comenzó en el Parlament, con los presupuestos de la Generalitat en trámite parlamentario y metidos de lleno en la discusión del Estatuto en las Cortes, ciertamente sólo se le ocurre al que asó la manteca. Tampoco el procedimiento empleado ha sido el adecuado. Es cierto que Maragall está facultado legalmente para nombrar y cesar a los miembros de su gobierno; pero también lo es que un sistema parlamentario como el que está vigente en Cataluña, el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento y no puede ejercer sus funciones sin la confianza de éste. Así pues, Maragall no puede ignorar que preside un gobierno de coalición de tres fuerzas políticas -PSC, ERC, IC- de cuyos diputados depende su continuidad como president . Intentar remodelar el Ejecutivo en contra de la voluntad de su partido y de la de sus socios de gobierno ha sido un error imperdonable cuyas consecuencias políticas son ya perfectamente visibles: el president gravemente desautorizado, el Gobierno innecesariamente debilitado y el partido mayoritario -PSC- fuertemente dividido. Y esto es sólo el principio. Porque, aunque formalmente se recomponga la situación, la aventura deja heridas profundas que tardarán en cicatrizar y, desde luego, la desconfianza se ha instalado, quizá irreversiblemente, en las filas del tripartito. Reparen ustedes en qué circunstancias se va a abordar el debate sobre el Estatuto , uno de los más trascendentes de los últimos años. En un lado, las dos principales fuerzas políticas españolas irreconciliablemente enfrentadas y una de ellas -el PSOE- atenazada por una latente crisis interna a punto de estallar; en el otro, un gobierno debilitado y un presidente desautorizado en el contexto de una crisis general de la política catalana. No parecen éstas las mejores condiciones para abordar una negociación, que siempre exige capacidad de cesión y transacción, sobre un tema de tal relevancia. Esperemos, al menos, que la crisis catalana, consecuencia de la megalomanía presidencialista, sirva como vacuna en otras latitudes.