SOBORNAR, en lenguaje común; cohechar, en lenguaje jurídico; corrupción, en lengua internacional. Transparencia Internacional, una ONG que lucha por la transparencia en las relaciones con la Administración, acaba de publicar su índice de percepción de la corrupción en el mundo, en el que España ocupa el lugar 23 y alcanza una nota de 7 sobre una cifra ideal de no corrupción de 10. Estamos donde estábamos el pasado año, si bien es cierto que en la última década se ha pasado de un 4,35 al señalado 7, que no es poco, pero no debe invitarnos a la complacencia. El informe pone de relieve un dato significativo: la corrupción encuentra su mejor caldo de cultivo en los países más pobres y va desapareciendo a medida que aumenta el desarrollo. Por eso no es de extrañar que España, en la Europa de los Quince, sólo vaya por delante de Grecia, Portugal e Italia. La corrupción es como la carcoma de la democracia. Envilece a quien la practica, rompe las reglas de igualdad de las transacciones y, en definitiva, a la larga impide el progreso. Y quizás lo que es más importante: pone en entredicho la propia autoestima de los ciudadanos. Coincidiendo con la publicación en nuestro país del informe, se han conocido dos casos de corrupción de políticos en los ayuntamientos andaluces de Camas y Manilva, que no parece que sean una excepción en los municipios con tensión urbanística. Sin olvidar la lacerante afirmación de Pascual Maragall cuando echó en cara a Convergencia i Unió el cobro de una comisión generalizada del 3% en los contratos de la Administración catalana. Pero más allá de los casos concretos, la percepción que se tiene es que el fenómeno no se persigue. Se comenta. Es más, se ha producido una cierta aceptación social de la inevitabilidad en algunos casos de la mordida , incluso para obtener de la Administración actos a los que se tiene derecho. De la afirmación de Maragall todo se quedó en bronca política, pues han pasado los meses y nada más se supo. Y todo eso con un Código Penal que al penalizar el cohecho lo hace de forma igual para el cohechante que para el cohechado, y así no hay quien se atreva. Es decir, imposibilita en la práctica la denuncia y la persecución del delito. Pues bien, si se quiere algún día erradicar seriamente o tender a la erradicación de la corrupción, es necesario modificar la ley penal, endurecer las penas actuales, posibilitar la denuncia no castigando al denunciante y hacer cumplir las penas con inmediatez. Sólo así podremos aspirar a evitar enriquecimientos inmorales e ilegales, mejorar nuestro sistema democrático y estar satisfechos de la aplicación real del principio de igualdad.