NO ES improcedente relacionar el enfrentamiento actual entre el PP y el PSOE por el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con algunas de las concausas que están en el origen de los conflictos franceses. En el primero, que dura ya un cuarto de siglo, se contraponen dos concepciones sobre la escuela pública: la del PSOE, que entiende que la enseñanza debe ser divertida, nada exigente y lugar de tránsito sin barreras de exclusión (reválidas y otros filtros) hacia la Universidad; y la del PP, que, con otras cargas ideológicas, alguna no monolítica -enseñanza de la religión católica-, defiende otra basada en la exigencia de autoridad y en premiar el esfuerzo y castigar la indolencia. El resultado de la primera es el Informe Pisa: España, uno de los últimos países en rendimiento escolar. Ambas posiciones olvidan otro aspecto, no menos importante, de nuestro sistema público de educación y ciudadanía: la formación profesional. Pese al crecimiento de los últimos años, únicamente medio millón de alumnos (el 7% de los jóvenes) están matriculados en estos estudios, frente a los 640.000 que siguen el bachillerato y el millón y medio que está en la Universidad (21%, ¡un 6% más que la media de la UE!). Completa la radiografía una cifra sin cuantificar que a los 16 años termina la enseñanza obligatoria con absoluto fracaso escolar, no se forma en nada y pasa a esa bolsa de la que luego salen los excluidos de la sociedad. Son precisamente esos excluidos de entre una juventud aculturada, desesperada y nihilista, como los define Nicolás Baverez, los que estos días están protagonizando la protesta. El sociólogo Alain Touraine escribió que «hace cincuenta años un inmigrante (en Francia) no hablaba francés, pero trabajaba. Hoy habla francés pero no trabaja». En Alemania, el aprendizaje profesional logra incorporar laboralmente a más de la mitad de cada grupo de edad juvenil, hasta el punto de que existe la plena integración de los inmigrantes de segunda generación. En Francia, a falta de ese aprendizaje profesional, prácticamente suprimido en las fábricas desde 1960 por exigencia de los sindicatos obreros, «no se ha logrado -dice el antropólogo Mikel Azurmendi- que la segunda generación de origen magrebí acceda masivamente a un puesto de trabajo. La escuela, con el supuesto implícito de bachiller para todos y apetencia de diploma, no los ha preparado para ello. Y esos jóvenes se amontonan en los barrios periféricos sin otro horizonte que cobrar el subsidio». ¿Nos pasará a nosotros?