LA EDUCACIÓN se encuentra en el centro del debate social, a propósito del controvertido proyecto de la LOE. Se intuye que está en juego, en gran medida, el futuro del país como comunidad y el vital de generaciones enteras. Toca, además, a fibras sensibles del entendimiento de la vida y de sus valores. El punto de partida de cualquier ley en esta materia no puede ser otro que la Constitución. Su artículo 27 fue el fruto de una propuesta consensuada de UCD y PSOE. Desde la ponencia, el centrista Óscar Alzaga y el nacionalista Miguel Roca dejaron claro que era conforme con lo dispuesto en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 según la cual «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos», y que incluía las propias creencias. La primacía de los derechos fundamentales de la persona fue una aportación trascendental de la Constitución en la que participé activamente. Chocaba con una larga tradición de la que es una muestra la configuración de la educación como un servicio público. Esta expresión no aparece en el referido precepto constitucional y sí lucía en la Ley de 1970 y en trabajos de egregios personajes públicos de la época. La revolución de los derechos fundamentales no ha concluido. El proyecto de LOE se embarca en esa antigua dirección, que no es la regla tampoco de la Unión Europea, donde el servicio público es residual y sólo posible en actividades de carácter económico, no aplicable a servicios de interés general, como la educación. El Estado debe garantizar que el derecho a la educación sea real y efectivo para todos. Le incumbe establecer estándares de calidad y requisitos para que la educación impartida responda a los principios reconocidos en la Constitución. Las iniciativas surgidas en la sociedad no son subsidiarias de lo que no puede hacer el Estado en este terreno. Todavía no se ha superado el enfrentamiento de lo público y lo privado, que lastra un planteamiento sereno de éste y otros asuntos. Lo privado, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, no es lo egoísta, contrapuesto al altruismo encarnado en el Estado. La dualidad de centros públicos y privados está reconocida en la Constitución; no es una concesión graciosa del poder. La consideración de servicio público que acoge la LOE no es inocua, como se revela en la regulación de los centros concertados, que reciben la ayuda del Estado prevista en la Constitución. La LOE los somete a la potestad doméstica de la Administración, a todos los efectos, como admisión de alumnos o financiación. Se convierten, en virtud de la subvención pública, en una suerte de órganos de la Administración para la prestación del servicio público de la que ella es titular. Esa uniformidad, que es exigible a todos los órganos de la Administración, impide que los centros privados concertados puedan garantizar el derecho de elección de los padres y que sea real el proyecto educativo que la propia LOE admite. La LOE va en sentido contrario a la reforma propuesta por el gobierno laborista de Tony Blair para mejorar la enseñanza secundaria, con una apuesta decidida por la libertad y por que instituciones de la sociedad puedan hacerse cargo de colegios financiados por el Estado. Lo que importa es el buen funcionamiento del sistema educativo y desde esa visión ha de plantearse la asignación de los recursos, que proceden de los ciudadanos y a la satisfacción de su derecho a la educación se destinan, independientemente del centro que hayan elegido. Son sus destinatarios, como evidencian las becas. La eficiencia de la que habla la LOE consistiría en obtener la máxima rentabilidad de unos recursos limitados. Las cifras revelan que los centros concertados alivian al Estado de carga financiera, ya que su coste es un 48% menor que el de un centro público. No es fácil el consenso por múltiples razones. Pero hay que intentarlo. En todo caso, no debería sacrificarse la libertad y el derecho fundamental a un igualitarismo, del que podrían zafarse los privilegiados.