HA COMENZADO el trámite parlamentario de la LOE, en el que no parece que exista un deseo real de solucionar los problemas de la educación en España. Está más que claro que los políticos no son las personas más adecuadas para elaborar una legislación educativa que sea efectiva. Es más, da la impresión muchas veces de que la política, los políticos, los parlamentarios y los gobiernos no son capaces de solucionar un problema social tan importante como el de la educación. Los gobiernos y los grupos que los apoyan deberían promover la libertad de las familias para llevar a sus hijos a los colegios o institutos que consideren más adecuados para ellos. Hay muchas familias que luchan lo que sea hasta lograr que sus hijos consigan plaza en el colegio o instituto más prestigioso. Los hay que tienen una gran capacidad de movimientos, un gran número de recursos, amigos, influencias, y consideran que todo es poco para que sus hijos estudien donde creen que es mejor. Algunos figuran empadronados en distintas zonas de la misma ciudad porque de ello va a depender la plaza que consigan para sus hijos. Otros se pasan la vida buscando un favor de un amigo, una influencia, una recomendación. Esto no es libertad de elección. Otros muchos padres no tienen esa capacidad de movimiento y se tienen que conformar con lo que les toca, aunque sea malo o poco recomendable. Estas familias suelen ser las que tienen menos recursos económicos y menos resortes sociales para moverse. Son las que verdaderamente necesitan más ayuda, más orientación. Son las que no saben enfrentarse a los trámites administrativos que las obligan a aceptar una plaza en ese instituto al que nadie quiere mandar sus hijos. Son las que se ven privadas de libertad para elegir el centro docente adecuado para sus hijos. Y muchas veces de esa elección va a depender el futuro de esos jóvenes. Sería interesante que la sociedad supiera cuántos de estos estudiantes se ven privados de aprender porque sus compañeros impiden que el profesor pueda impartir sus clases. Esto no es libertad de elección. Tanto para unos como para otros debería existir la posibilidad legal de mandar a sus hijos a un centro público o a uno privado por el mismo precio. En los centros privadas debería distinguirse muy bien entre los que son sólo negocio y los que no tienen afán de lucro, que son instituciones de interés social. En los centros públicos debería existir la posibilidad de primar a los que tienen claustros de profesores bien organizados, con metodología, con interés. Deberían primarse aquellos centros públicos que tiene prestigio, aquellos que son los más solicitados por la sociedad. Pero para llevar a cabo esto también es necesario que existan responsables de la Administración con capacidad de gestión, con interés, con preocupación por el bien común, por promover y fomentar la libertad de las familias, por respaldar a los profesores en su labor docente. Y parece que nada de esto se va a solucionar con la LOE.