CADA VEZ que se produce un atentado terrorista o un hecho delictivo de especial virulencia se oyen voces de indignación y peticiones a causa de la levedad de las penas que se imponen o reivindicando la pena de muerte. En mi opinión, las cosas no son tan lineales, ni la solución consiste en sacar de en medio, y de por vida, a aquel que delinque. Eso significaría vivir en un Estado vengativo. Además, las penas no son bajas, o al menos no lo son comparándolas con los países de nuestro entorno, y asimismo se cumplen en gran medida. Así, los dos presuntos asesinos de la familia de Castelldefels es muy probable que sean condenados a 75 años de cárcel cada uno, de los que por determinaciones legales cumplirán un máximo de 40, y en la más favorable de sus hipótesis un mínimo de 30 años por aplicación en su momento de la libertad condicional, que reduce la última cuarta parte de la condena. Ahora bien, en un país desarrollado como el nuestro, no siempre debemos contentarnos con la aplicación cuantitativa del Código Penal y con el automatismo de la salida de la cárcel por cumplimiento de la pena. De acuerdo con la Constitución, la prisión tiene como finalidad la educación y la reinserción social del delincuente, y por ello la prisión no debe de ser un mero aparcamiento de incivilizados, sino una fábrica de reeducación, y en aquellos casos graves en los que no se logre, la puesta en libertad debería ir acompañada de las medidas precautorias oportunas con el fin de intentar evitar la reiteración delictiva. Bien es verdad que en la práctica su instrumentalización es extremadamente compleja. En el caso de la pena de muerte, abolida por la Constitución, no se puede instaurar por al menos tres razones: por nuestra propia dignidad. La sociedad, el Estado democrático, no tiene potestad para quitar la vida a nadie, por más ruin que fuere. Esa es una potestad que se nos escapa. Esa insidiosa medida la aplican los asesinos o los terroristas, no nosotros. Por pragmatismo. Nadie ha demostrado que la aplicación de la pena de muerte haga dudar a los potenciales asesinos. Por humildad. Los jueces también se equivocan, y no es la primera vez que se condena y se ejecuta a alguien del que más tarde se ha comprobado su inocencia. Por cada una de las razones, y por todas en su conjunto, debemos, a la vista de los casos tan sobrecogedores ocurridos, reforzar la seguridad, las medidas preventivas, la sanción efectiva y rápida, las labores reeducadoras y transformadoras sobre los delincuentes, pero sin dejarnos llevar por el desastre que la barbarie puntual supone, y aceptar, al menos en abstracto, que la vida en libertad no está exenta de riesgos.