LA CUMBRE de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada la pasada semana en Montreal ha concluido con un notable éxito. No de otra forma puede calificarse el importante acuerdo alcanzado entre los países desarrollados comprometidos con el Protocolo de Kioto y naciones de la importancia de China, India, México, Brasil o Sudáfrica, así como con el resto de los países que con un evidente eufemismo denominamos en vías de desarrollo. La cumbre representó, además, un sonoro fracaso de la Administración Bush en su intento de impedir el acuerdo final y de imponer su visión unilateral y sus exclusivos intereses económicos. Lo sucedido en Montreal es un ejemplo que debería seguirse en todos los ámbitos de la vida internacional, en los que Estados Unidos pretende imponer su hegemonía al resto de las naciones del mundo. En primer lugar, desde luego, en el ámbito militar, en el que EE. UU. se niega a someterse a los mecanismos de control de armas químicas previstos en el protocolo de 1995 y rechaza categóricamente la ratificación del tratado de limitación de armas nucleares. Hoy en día resulta imposible evaluar el arsenal de armas de destrucción masiva -nucleares, químicas y biológicas- que posee EE. UU. Paradójicamente, en nombre de unas normas que no suscribe, el Gobierno de Washington ha justificado la intervención y posterior ocupación de Irak. También en el ámbito económico las leyes estadounidenses de embargo constituyen actos unilaterales que afectan, además de a los países implicados, a terceros Estados. Es el caso de las leyes de extraterritorialidad -ley Helms-Burton para Cuba y la ley d¿Amato para Libia e Irán- que sancionan a empresas extranjeras que establezcan relaciones con los países objeto de embargo por parte de EE. UU. Por lo que se refiere a los derechos humanos, de los que se proclama el máximo defensor, EE. UU. se niega a ratificar numerosas convenciones de la ONU, como la relativa a los derechos del niño, la que hace referencia a la eliminación de cualquier forma de discriminación de la mujer o el acuerdo internacional que prohíbe la ejecución de menores. Finalmente, en el ámbito de la justicia internacional, pese a haber promovido los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, el Gobierno norteamericano rechaza de plano la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Mientras que los dos primeros tribunales no son susceptibles de afectar a los intereses estadounidenses, el Tribunal Penal Internacional tiene una competencia universal de la que Washington no quiere ni oír hablar. Ello no obstante, la Cumbre del Clima ha demostrado que cuando la opinión pública mundial se expresa con claridad, y además su voz está políticamente bien articulada, los acuerdos y obligaciones colectivas internacionales, generadoras de unas relaciones más civilizadas, pueden y deben prevalecer sobre la voluntad unilateral de la superpotencia americana.