RESULTA muy llamativo el contraste entre la reforma del Estado federal alemán y el debate español sobre el Estado de las Autonomías. Entre la clase política alemana hay un gran consenso para reforzar la capacidad de actuación del Gobierno federal en materia económica y limitar en este ámbito el poder de las regiones y de su Bundesrat o Cámara Alta. Los alemanes también pretender dar más poder a las regiones en algunas áreas -medio ambiente, derecho laboral, horarios comerciales-, pero son unas transferencias muy limitadas por su peculiar sistema de pesos y contrapesos. A pesar de los innegables problemas económicos y sociales del país, la sensación en los pasillos europeos es que la locomotora germana se está poniendo de nuevo en marcha. La canciller Angela Merkel quiere llevar a cabo antes del verano este proyecto de reforma constitucional iniciado por Gerhard Schröder. Ambos líderes han actuado con la vista puesta en el papel de su país en la integración europea y en la globalización económica. La famosa Ley Fundamental de Bonn se ha reformado unas cuarenta y cinco veces desde 1949 y será modificada una vez más por un amplio consenso para servir a los intereses generales. En este caso, la idea fuerza es que tanto la Europa ampliada como el mercado global demandan gobiernos con capacidad de respuesta y dotados de medios para regular o desregular con eficacia y en poco tiempo, garantizar la transparencia y los derechos individuales y hablar con una sola voz en los foros internacionales. Mientras tanto, en España asistimos a un progresivo debilitamiento del Estado sin que nadie proponga un modelo coherente que ponga límites a la descentralización y racionalice el reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. La Constitución de 1978 ha sido un éxito histórico como pacto de convivencia y reconciliación, pero sería necesario reorientar el desarrollo del Estado de las Autonomías con reformas que aportasen estabilidad y visión de conjunto. Sin embargo, parece que en este tema sólo trabajan los nacionalistas y no en la dirección señalada. El modelo de reparto de poderes en sentido vertical de nuestra Carta Magna se dejó muy abierto. De hecho, el reparto competencial está en revisión continua y depende de las circunstancias del momento político, lo cual se hace más patente cuando hay gobiernos centrales sin mayorías parlamentarias claras que dependen de partidos nacionalistas o cuando los dos grandes partidos de ámbito nacional no se entienden para frenar las demandas nacionalistas o los deseos miopes de sus propios barones autonómicos. Dicha situación ha engendrado una puja al alza, de modo que casi ninguna comunidad autónoma quiere quedarse atrás a la hora de asumir nuevas competencias y muchas de ellas buscan, de modo paradójico, la igualdad a través de la imitación de lo diferente. En el desarrollo del Estado de las Autonomías no se tuvieron en cuenta las dos alternativas que hubiesen sido más lógicas para la deseable descentralización: un modelo federal en el que las competencias de todas las comunidades fueran las mismas y el Senado sirviera de verdad para representar, arbitrar y decidir sobre intereses regionales o un modelo asimétrico con una diferenciación permanente en razón de ciertos hechos diferenciales entre comunidades especiales y de régimen común. En el fondo, en materia autonómica se ha avanzado con bastante improvisación a la vez hacia un Estado cuasi-federal y hacia una diferenciación inestable entre comunidades, la cuadratura del círculo. El resultado de esta pérdida de perspectiva de conjunto es el Estatuto catalán y las imitaciones que ya está produciendo y producirá en otras comunidades. El texto del Parlamento de Cataluña hace una propuesta bien formulada de una España plurinacional o confederal, muy distinta al modelo de la Constitución de 1978, pero aprovechando el desarrollo máximo del Estado de las Autonomías. Conforme a este planteamiento, el Estado ve reducidas al mínimo sus competencias, la toma de decisiones estatal está sujeta a vetos de las comunidades y el Ejecutivo central carece de capacidad de hacer avanzar intereses generales y gobernar pensando en el contexto europeo e internacional, que es donde se juega el futuro de nuestro país. El debate suscitado por esta propuesta radical debería llevarnos a dejar de lado los particularismos y adoptar una perspectiva de conjunto, como han hecho los alemanes.