HEMOS iniciado el año con la Ley Antitabaco y la ministra de Sanidad y Consumo nos anuncia ya la próxima contra el alcohol, similar a la de humos fuera que rige desde hace horas. Al paso que vamos, su ministerio va a perder el segundo nombre para quedarse en el primero. Lo de Consumo será entelequia, recuerdo para nostálgicos o materia literaria para un renacido Oscar Wilde. Y si de prohibiciones va el 2006, habrá que añadir el futuro Estatuto del Periodista Profesional y la ley del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, siguiendo la estela de la Ley Audiovisual Catalana. Con ambos textos se quieren embridar derechos fundamentales, meter en cintura a los periodistas y orillar a los jueces, sus complacientes y perversos cómplices. Cuando organismos administrativos de extracción política certifiquen si una información es veraz y los periodistas con facultad de serlo gocen del carné expedido por los sindicatos y por las también subvencionadas asociaciones de consumidores y usuarios, nuestros gobernantes se ocuparán de primar fiscalmente a las familias con un solo cónyuge, en detrimento de las otras formas más veteranas pero que no responden a las «nuevas condiciones sociales y del crecimiento de los hogares monoparentales, sostenidos sobre todo por mujeres, que exigen un nuevo tratamiento legal y tributario», como anunció hace meses la vicepresidenta primera del Gobierno. Por lo visto no sería suficiente con dar lo mismo (o sea, mucho más -los incentivos fiscales a las familias en España son menos de la mitad de los existentes en Francia y once veces inferiores a los vigentes en Alemania-) a todas las formas de tener y educar a los hijos. Hay que premiar la diferencia, de la que muchos países están de vuelta porque, como demostró el estudio de Patricia Morgan, Farewel to the Family , son contraproducentes. Y como de diferencias vamos, en este año recién estrenado crecerán las zancadillas al castellano, la todavía lengua común de todos los españoles, en Cataluña, País Vasco y Galicia, merced a las eficientes oficinas de vigilancia lingüística o los exámenes para organismos públicos sólo en lengua vernácula. Como expresa con nitidez Irene Lozano en su ensayo Lenguas en guerra , el bilingüismo en esas comunidades es lo verdaderamente propio, frente a la exclusión del español que persiguen con ahínco los nacionalismos.