TAL VEZ el instrumento más básico de la convivencia humana sea la configuración de la ley entendida como norma que emana del poder legislativo (soberanía popular), que tiene la pretensión de universalidad (se aplica a todos) y que aspira a ser justa (se hace en nombre de la mayoría). El situar a la ley por encima de cualquier decisión u opinión, sea ésta de quien sea, y sobre la que no cabe más que su interpretación por los jueces con arreglo a unas pautas determinadas, alboreó lo que se llama el Estado de Derecho, conquista fundamental con no más de 200 años de historia, que supuso ganar la condición de ciudadanos desde la de súbditos. Pero si bien todas las leyes son obligatorias y su incumplimiento conlleva algún tipo de sanción, no todas son igual de aceptadas. Y en este ránking de aceptación tiene un puesto de relevancia la recién promulgada ley antitabaco. No cabe duda de que la ley antitabaco es una ley compleja, con repercusión inmediata para el conjunto de la sociedad, que pone en cuestión escenarios ancestrales y que prohíbe drásticamente hábitos que hasta ahora quedaban al libre albedrío de algunos. Una ley no ya con la pretensión de regular lo público y común, que es el campo usual de las leyes, sino en cierta medida reguladora de lo personal y privado, lo que para algunos, pocos, supone una intromisión intolerable . Era por ello una ley con riesgo. Con riesgo de que se objetase y acertasen los agoreros que anunciaban su inaplicación. Pero la realidad ha sido otra. La ley antitabaco, como se sabe a iniciativa del Gobierno, se aprobó unánimemente, se valora de forma positiva por la gran mayoría de la población y se cumple más que aceptablemente por los destinatarios de la norma: los fumadores. Y al tiempo es seguro que cumple con su finalidad primordial, que es contribuir a mejorar la salud del conjunto de los ciudadanos. Pero con ser todo ello relevante, en mi opinión se deben resaltar dos cuestiones. Una, la autorictas de la ley en sí misma, su cumplimiento por la sociedad civil está por encima de la aceptación que cualquier ley tenga; y ese cumplimiento de las leyes por sí garantiza la convivencia. Y una segunda cuestión es el haber derribado el mito de que el prohibir fumar en lugares públicos era una intromisión a la privacidad. Se ha dejado bien sentado que la intromisión a la privacidad sí era lo contrario: el fumar en público. «Mis derechos llegan hasta el límite de los derechos de los demás». Y que realmente no se prohíbe nada, sino que se impide una perturbación que el paso del tiempo había convertido en un lugar común. Es, pues, una ley útil, aceptada y justa, que es lo mejor que se puede decir de una ley.