LA ALOCUCIÓN del teniente general Mena en Sevilla con ocasión de la tradicional Pascua militar ha producido conmoción en los medios políticos y sorpresa en la ciudadanía. Arresto domiciliario y anuncio de fulminante destitución, como medidas de carácter extraordinario, han contribuido a caldear el ambiente. La razón última no se encuentra en la literalidad de lo dicho y lo publicado, sino en la evocación de un pasado que ha podido sugerir. Sin él, la invocación realizada al artículo 8 de la Constitución no habría producido una reacción tan señalada. Resulta obvio, desde una elemental interpretación jurídica, que la defensa del ordenamiento constitucional atribuido a las Fuerzas Armadas sólo puede hacerse desde la propia Constitución. No es legítimo un pronunciamiento al estilo del general Primo de Rivera siendo rey don Alfonso XIII. Es la lente del pasado con la que se ha mirado el discurso lo que ha aumentado su importancia. Hace veinticinco años no era necesaria para conseguir un efecto óptico como el de ahora. Correspondía al ambiente en que se debatió el Estatuto de Autonomía de Galicia. Por eso, era entonces una insensatez, alimentada por la ceguera del interés partidista de erosionar al adversario político, sostener que debía retirarse del Congreso de los Diputados el proyecto para mejorarlo, cuando pocos meses después tendría lugar en el mismo escenario la frustrada intentona del teniente coronel Tejero, un 23-F. Sin el voto afirmativo que algunos dimos en una tensa madrugada no habríamos tenido referéndum que conmemorar. Deberíamos evitar que la sombra del pasado siga planeando sobre la atmósfera colectiva. Explica reacciones que serían desproporcionadas sin esa vivencia. Si, en efecto, las discutidas palabras de general son aisladas en una democracia que estimamos consolidada, no se necesitaría de una dosis elevada de ejemplaridad para neutralizarlas. Serían un asunto corriente de la Administración militar. Y así habrían de ser tratadas, sin que suministrasen munición para el combate político. La salida no es, en mi opinión, reformar lo que dice la Constitución sobre las Fuerzas Armadas. Arrojaría desconfianza sobre su misión. No están saliendo de una guerra civil y sus consecuencias, ni pueden ser consideradas como una ONG en el ámbito internacional. Las funciones que se les asignan son válidas dentro del orden constitucional. Estamos inmersos en un innecesario, y me atrevería a decir imprudente, revisionismo directo y subliminal, que hace presente lo que tendría que haber sido superado definitivamente. Y parecía estarlo. Es en ese contexto en el que las palabras del teniente general, y el momento en que fueron pronunciadas, encuentran un reforzado eco. Aquella superación estaba asumida por la mayoría de la sociedad y de sus representantes. A las generaciones jóvenes, que miran con naturalidad hacia el futuro, no deberían inyectárseles los gérmenes que emponzoñaron una confrontación cruenta, que es historia para no revivir, ajustando cuentas. El punto de partida de la convivencia actual no fue algo impuesto por la naturaleza, como una ley física. Fue resultado de un convenio explícita y tácitamente acordado, que no puede ser ignorado legítimamente por quienes lo aceptaron. Guarda muescas que dejaron las circunstancias en las que se gestó y no está libre de máculas. Ninguna institución lo está; pero no es cuestión de encerrarse en ellas. La tarea positiva a realizar es interpretar el pacto fundante de nuestra democracia, teniendo en cuenta la realidad social y atendiendo al espíritu constituyente que lo animó, sin hurgar en un pasado que dividió dramáticamente a los españoles.