EL ACUERDO básico sobre el Estatut de Cataluña, cerrado entre Zapatero y Mas, era bastante previsible. Para el presidente del Gobierno era una necesidad ineludible de su confrontación con Rajoy, y por eso es muy explicable su obsesión por convertir esa necesidad estratégica (aislar al PP) en una virtud política (diálogo, pluralismo, modernización y reconocimiento del sentimiento nacional de Cataluña). Y para el secretario general de CiU era una posibilidad de doble filo -ahogar al tripartito con una negociación maximalista, o convertirse en el interlocutor imprescindible para Madrid-, que finalmente se inclinó del lado del posibilismo pujolista. Hay que decir, sin embargo, que ninguna de esas actitudes parece suficiente para modificar la posición del analista o del ciudadano independiente. Porque la forma en que se hizo ese acuerdo, con un personalismo oportunista que desborda incluso a los negociadores del PSOE y del tripartito, no constituye un buen precedente para las reformas constitucionales y estatutarias que están a la cola, y porque la necesidad de partir por el medio las diferencias, igual que hacía mi tío Abelardo en las ferias de ganado de Allariz, en modo alguno convalida el chapucero tratamiento de las cuestiones económicas y políticas que jalonan un proceso mal planteado ab initio y mal cerrado in fine . La cuestión del hecho nacional de Cataluña, que para muchos constituye un debate esencial, cierra en falso y con enorme ambigüedad, con un Carod-Rovira lanzado hacia la reivindicación del Estado y con Bono y Guerra empeñados en decir que el preámbulo no es ley y que no se ha cedido nada de lo que el artículo 2 de la Constitución considera innegociable. Y la cuestión económica cierra con un mal diagnóstico el problema de Cataluña, y con un acuerdo que, si por una parte deja insatisfechos a los nacionalistas, por otra va a plantear serios problemas financieros a la hora de reformar la LOFCA y mantener su filosofía solidaria. Para los nacionalistas catalanes este acuerdo no es más que un reconocimiento de sus razones y una frustración de sus demandas. Para las comunidades más ricas (Madrid, Baleares, Valencia) también es obvio que las cesiones hechas a Cataluña son la puerta por la que van a colar sus propias reivindicaciones. Y para los que tenemos más pedigrí (País Vasco, Galicia y Andalucía) tampoco cabe duda de que este es el principio de la doble nacionalidad (vasca, gallega o andaluza en los aspectos preambulares, y española fetén en los articulares). Porque nunca fue más evidente que el acuerdo no es virtud, sino necesidad, y que, lejos de cerrarse un debate extemporáneo y mal planteado, sólo acabamos de abrirlo.