MUCHO se habla y escribe estos días sobre las posibles consecuencias que para Galicia puede tener el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU. En general proliferan pronósticos alarmistas y opiniones críticas. Sin embargo, no es la primera vez que un acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes modifica el sistema de financiación autonómica y abre vías positivas para el autogobierno de todas las comunidades autónomas. Eso es lo que sucedió cuando el Gobierno de Felipe González cedió a las autonomías el 15% del IRPF, y posteriormente con el Gobierno presidido por Aznar que, como consecuencia de su pacto con Pujol, convirtió el IRPF en un tributo compartido, mediante la cesión del 30% del rendimiento del impuesto y el reconocimiento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos. Todo ello condujo al actual sistema de financiación autonómica, que se basa en dos bloques de ingresos. El primero lo componen los procedentes de los tributos cedidos por el Estado, y el segundo los derivados del fondo de suficiencia. Los tributos cedidos generan ingresos desiguales en comunidades autónomas que, como Galicia o Cataluña, tienen niveles diversos de renta y consumo y actividades económicas diferentes. Por eso existe el fondo de suficiencia (solidaridad) destinado a regular y corregir esas diferencias. Pues bien, sobre el proyecto pactado entre el Gobierno y CiU sólo conocemos la parte que hace referencia a los impuestos cedidos, pero nada sabemos acerca de cómo se va a regular el fondo de suficiencia. Y sin conocer este dato no podemos predecir los efectos que sobre Galicia tendrá la reforma del sistema. Porque si el fondo de suficiencia continúa funcionando como hasta ahora, los recursos adicionales que Cataluña y el resto de las autonomías obtengan por la vía de los impuestos cedidos les serán detraídos del fondo de solidaridad. El resultado sería una mayor autonomía financiera para todas las comunidades, pero manteniendo cada una de ellas su posición relativa actual. Si se produce una reforma del fondo y, como consecuencia de ello, Cataluña consiguiese alguna ventaja, ésta debería generalizarse al resto de las comunidades autónomas, lo que sin duda forzaría al Gobierno a realizar una importante aportación de recursos que lo obligaría a redefinir sus prioridades políticas y programáticas. Todas estas cuestiones son las que empezarán a discutirse en breve plazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así pues, no existen todavía datos que justifiquen ni el discurso alarmista ni los pronósticos catastrofistas. Lo único verdaderamente preocupante es que a estas alturas no conozcamos ni las líneas fuerza que va a defender la Xunta, ni la sintonía que existe entre los dos componentes del Gobierno gallego en esta decisiva cuestión. En todo caso, Touriño y Quintana deben tomar conciencia de que en este envite se pondrá a prueba su capacidad para defender los intereses de Galicia, su autoridad política y la cohesión de su Gobierno.