EL ACUERDO entre el presidente del Gobierno y el líder de CiU se ha presentado como un paso decisivo para la aprobación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados. Salen las cuentas y, además, supone un pacto con un partido centrista, con lo que se evita la desgastadora imagen de una dependencia del nacionalismo radical de ERC. El cálculo podría valer para el futuro, jugando al aislamiento del PP. De momento no parece que ERC se avenga a un gobierno con su rival nacionalista. CiU ha aprovechado una coyuntura propicia para conseguir parte de aspiraciones que han estado represadas en estos años en que se minusvaloraron los «hechos diferenciales». Desde los gobiernos de UCD, socialista y popular y desde una doctrina científica mayoritaria se tendía a homogeneizar todas las comunidades autónomas. La distinción entre nacionalidades y regiones, deliberadamente abierta, porque se refería más a sentimientos que a competencias, quedó borrada. Y ahora, muchos se sorprenden de que en el preámbulo del proyecto del Estatut se apele a ese sentimiento y voluntad expresado en el Parlamento catalán para concluir que esa realidad nacional es la traducción de la nacionalidad del artículo 2º de la Constitución. La nación estatutaria es la nacionalidad constitucional, viene a decirse. Es muy probable que así interpretado, y no en el sentido inverso de que una nacionalidad puede ser una nación, no sea declarado inconstitucional. Sin la tendencia maximalista de la LOAPA, suscrita por el PSOE, y sin la actitud de acoso del último Aznar, acaso no hubiera acaecido la necesidad de llegar al extremo actual. Cuando la mayoría de la doctrina y sus seguidores hablaban de cerrar el Estado de las autonomías, algunos sosteníamos que se trataba de un proceso abierto que habría de conllevarse. La puesta a punto del Estado de las autonomías debe llevarse a cabo como se elaboró el Título VIII de la Constitución, sin exclusiones previas, y con el norte de construir el Estado. El método sensato es plantearla con una visión de conjunto y no como se ha hecho ahora, tratando cuestiones que son de interés general, desde la óptica particular de un Estatuto. Es revisable la definición de competencias exclusivas, del Estado o de las comunidades autónomas, la formulación de lo que son bases estatales a desarrollar autonómicamente. Es innecesario y, probablemente, choca con lo que es propio de la Constitución y la igualdad, incluir Estatuto a Estatuto una larga enumeración de derechos y deberes de los ciudadanos que pueden variar en cada comunidad. En algunos casos supone una presión espuria para influir en los derechos definidos con carácter general en la Constitución. El procedimiento se ha orillado en materia de justicia, y permanece en la financiación. Este último apartado tal vez supere la aduana del Tribunal Constitucional, pero supone una desnaturalización, en algún aspecto sofisticada con invocación al federalismo alemán y en otro de una manera burda y agraviante. En una ocasión ya aludí a que el Estado no puede configurarse como una sociedad mercantil por acciones representadas por el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). La brutalidad aumenta en la descarada pudibundez formal de la disposición adicional séptima, que garantiza a Cataluña una inversión millonaria del Estado en infraestructuras. Para mayor inri se dice que podrán utilizarse para liberación de peajes o construcción de autovías alternativas. Semeja un escarnio leído en Galicia, que aumenta con la justificación del déficit que en esa materia ha sufrido Cataluña en estos diez últimos años. ¿Desde cuándo habría que empezar a contar aquí? El procedimiento seguido tiene mucho de mercado, de pragmatismo partidista por mantener el poder, de «salvar los muebles» a causa de una imprudente promesa mitinera. En el clima del «como sea» se ventilan convicciones y se propicia el sobredimensionamiento popular de ellas. Sería el momento de variar la tendencia. Aprovechando lo explorado en el proceso catalán, detenerse para reflexionar sobre el conjunto del Estado autonómico y poner las condiciones para un renovado pacto que responda al precepto constitucional de patria común . Para eso se necesita el coraje y la grandeza de los estadistas.