EN MATERIA de financiación, el proyecto de Estatuto catalán se caracterizaba por los siguientes rasgos: a) la propuesta rompía el sistema Lofca; b) el modelo no era generalizable; c) imponía la bilateralidad; d) generaba desigualdad entre comunidades y debilitaba al Estado; e) su contenido respondía a una lógica de país rico. El Estatuto era, pues, un dolor de cabeza. Los esfuerzos realizados desde Cataluña para dulcificar la propuesta fueron extensos e intensos. Pero de efecto escaso. El Estatuto pactado posteriormente entre el presidente del Gobierno y el presidente de CiU, al que se unen PSC e ICV, parece abrir horizontes de esperanza. ¿Qué ha sucedido, pues, para que gozo y pozo no se confundan? Pues que ahora se explicita y acepta que el Estado es el que debe garantizar niveles similares de servicios básicos en todas las comunidades autónomas (si realizan esfuerzo fiscal similar), circunstancia que afecta a lo sustantivo de la financiación. O sea, que el núcleo duro de la financiación autonómica -tributos cedidos y fondo de suficiencia- deberá negociarse y aprobarse, como siempre se hizo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque existan factores en el acuerdo que aún generan confusión. Y es que la financiación autonómica alcanzó ya una madurez política tan relevante que hace difícil imponer sin conflicto la relación bilateral o la discriminación grosera. La compensación económica que se anuncia vía inversión también deberá ser estudiada y debatida por las comunidades autónomas, pero interesa recordar que estamos hablando ya de recursos situados fuera del sistema, que tienen además carácter transitorio y que a nuestro juicio no deberían incluirse en el Estatuto. En todo caso, el acuerdo es fruto de una operación política inteligente -inspirada y protagonizada por más actores de los que hoy aparecen en escena- que además potencia la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Sin duda, estamos ante un proceso complejo donde hay ganadores y perdedores, pero eso es la política. Aumentar los ingresos por tributos cedidos y también su capacidad normativa, ajustar mejor las competencias entre administraciones, así como reforzar y controlar la gestión tributaria, proporciona dosis superiores de responsabilidad y autonomía decisoria que nosotros aplaudimos. Diseñar con solvencia y justicia la solidaridad territorial y el crecimiento económico mediante el FCI y fondos europeos, integrando a su vez la inversión estatal y autonómica, es ahora la asignatura pendiente. Un reto ambicioso que a todos incumbe. Pero ¿existirá capacidad y sentido común para concentrar esfuerzos y energías en tan apasionante tarea?, ¿descansaremos por fin del condenado Estatut?