EMPIEZA a quedar claro que los disturbios y la violencia extrema de varias turbamultas musulmanas en protesta contra las caricaturas del profeta Mahoma están siendo organizados e instrumentalizados por Estados y movimientos políticos que rechazan la presencia activa de Europa en determinadas crisis del Oriente Próximo y Medio. El conflicto no es sobre libertad de expresión, que también, es, fundamentalmente, un pulso con regímenes teocráticos, tiránicos o pseudoterroristas que no quieren que la Unión Europea juegue un papel destacado e intervencionista en los conflictos de Palestina, Afganistán, Líbano o Irán. Basta mirar el mapa de los desmanes para darse cuenta de ello, observando, además, que, salvo contadas excepciones, los veinticinco millones de musulmanes que viven en Europa como ciudadanos han manifestado su rechazo a las caricaturas con procedimientos moderados basados también en la libertad de expresión y de opinión. Derechos, por cierto, que rezan para todos, musulmanes incluidos, en tanto que están recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es cierto que el ejercicio de ambos debe gestionarse con tino y buen juicio, y que pueden calificarse de autocensura los límites a la libertad de expresión que imperan por regla general en los países occidentales cuando se abordan determinadas creencias religiosas, malformaciones y taras físicas o tratamiento a minorías étnicas. Pero resultaría hipócrita negar que existen esos límites y que las sociedades avanzadas los fijan mediante códigos de autorregulación y buen gobierno que no excluyen el recurso a los jueces. Y es por ello por lo que no sería lógico excluir de estos mismos códigos el respeto a las creencias y símbolos de los musulmanes. Las tensiones en las sociedades multiétnicas, multirraciales y multirreligiosas que nos trae a Europa la globalización serán las que haya que gestionar en los próximos años y para ello no cabe otra política que la de los ciudadanos iguales en derechos y deberes, aunque recordando a cada poco a los entrantes que la laicidad y la libertad de prensa, de expresión y de crítica son principios rectores de una convivencia entre iguales en Estados sociales y democráticos de derecho en los que se propugnan como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.