EN UNA RECIENTE entrevista a Josep Antoni Duran Lleida, el diputado y secretario general de CiU recordaba que la Ley de Política Lingüística de 1998 es de su coalición, y manifestaba su repulsa a «los métodos intolerantes» utilizados por el tripartito para conseguir la normalización del catalán. Entre esos sistemas recordaba el hostigamiento a los comerciantes, convertir a los alumnos en delatores de sus profesores cuando éstos hablan en castellano o fiscalizar los historiales clínicos para saber si están escritos en la lengua de Verdaguer. Qué duda cabe de que los métodos son importantes. Los del tripartito son toscos y los de CiU, finos. Sin embargo, ambos pueden conseguir que la sociedad catalana deje de ser bilingüe, uno de sus rasgos más sobresalientes. Eso cabe deducir de una norma que garantiza la enseñanza en castellano para los alumnos que lo solicitan, pero que luego se aplica sui géneris porque la Generalitat considera que no debe organizar aulas para escolarizar a niños en esa lengua y opta por un método sibilino: inscribirlos en una clase donde el idioma es el catalán y sólo se les habla en el de Cervantes cuando el maestro se dirige a ellos durante la lección o al final de ella. La Consejería de Educación juzga que hay mecanismos para ejercer el derecho legal a la escolarización en castellano, pero las entidades Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia y Profesores por la Democracia opinan lo contrario y han pleiteado para que se pregunte a los alumnos por su lengua en el impreso de matriculación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha dado la razón al considerar que coadyuvará a la eficacia de ese derecho, pero la Generalitat ha recurrido, y mientras tanto pretende extender el método a la universidad para exigir a los profesores «nivel de suficiencia» en catalán, limitando a la propia universidad y haciéndola provinciana. Naturalmente, la pomposa Alta Inspección del Estado brilla por su ausencia, el Ministerio de Educación mira para otro lado y el Gobierno considera que las denuncias de los padres (420 al Defensor del Pueblo en tres meses) no son numerosas y están manipuladas. Lo más práctico será crear una fundación que subvencione la enseñanza privada en castellano, igual que los gobiernos de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido garantizan en el extranjero la enseñanza en sus respectivas lenguas a través de su red de liceos, o el Gobierno español en castellano en los suyos, repartidos por numerosos países. ¿Habrá que poner Liceo Cervantes en Cataluña?